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San Salvador.- Unas 200 personas protestaron este domingo en la capital de El Salvador contra los «retrocesos democráticos» que atribuyen al Gobierno de Nayib Bukele, como el «debilitamiento» de instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos, y los atropellos dados en el contexto del régimen de excepción.
La protesta, que se enmarcó en el 34 aniversario de la firma de los acuerdos que pusieron fin a una guerra civil de 12 años (1980-1992), recorrió las principales calles de San Salvador entre reclamos por miles de despidos del sector público, la deuda de pensiones, la detención de personas sin nexos con pandillas y el supuesto debilitamiento de las instituciones.
«Hoy, a 34 años de esa firma de los Acuerdos de Paz, estamos enfrentando una profunda crisis de retrocesos democráticos en nuestro país, en donde las instituciones que fueron creadas ahora están cooptadas por el Ejecutivo», dijo Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.
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Agregó que el país está por cumplir cuatro años bajo el régimen de excepción, aprobado por el Congreso a petición del Gobierno de Bukele tras una escalada de asesinatos en marzo de 2022, en el que «no se cuenta con un debido proceso».
Denunció que también están «enfrentando la persecución a las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos».
«No puede haber paz con dignidad si no se respeta los derechos humanos, por lo cual como movimiento social exigimos el cese de ese régimen de excepción que tanto daño ha hecho a las familias más pobres de este país, como también exigimos respeto al debido proceso y garantías constitucionales», subrayó.
Las detenciones en el régimen de excepción
Los manifestantes recorrieron varios kilómetros de la capital salvadoreña hasta llegar al Centro Histórico, donde gritaron consignas a favor de las madres que defienden la inocencia de sus hijos detenidos, también lucieron camisas y portaron pancartas con mensajes en favor del medio ambiente y por el cese de despidos.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. En tanto, la cifra de personas detenidas que han muerto en custodia estatal han llegado a 470, según su registro.
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El régimen de excepción, que deja más de 90.000 personas detenidas señaladas de pertenecer a pandillas, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene una alta aprobación entre los salvadoreños.
