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El Salvador muestra una paradoja en materia de movilidad: el país cuenta con más licencias de conducir que vehículos registrados, pero persiste un alto número de motociclistas sin autorización legal para circular. Este fenómeno revela complejidades en la cultura vial, la aplicación de la normativa y la percepción social sobre el proceso de obtención de permisos.
Según datos expuestos por MOVES, organización especializada en seguridad vial, en 2024 se registran más de dos millones setecientas mil licencias de conducir, mientras que el parque vehicular nacional se ubica en poco más de dos millones de unidades.
Esta diferencia se explica porque muchas personas poseen varios tipos de licencias para conducir motocicletas, automóviles o vehículos de carga. Vanessa Rubio, directora de la organización, precisó en una entrevista en Frente a Frente “hay personas que tienen dos o tres licencias, porque conducen diferentes tipos de vehículos”.
No obstante, la estadística refleja un problema de fondo: un alto número de motociclistas circula diariamente sin licencia. La cifra de permisos expedidos para motocicletas representa solo una fracción del total de motos en las calles.
El director legal de MOVES, Hugo Mayorga, señaló que “hay mucha gente que no tiene licencia para manejar motos”. Esta situación tiene consecuencias directas en la seguridad vial, ya que los motociclistas figuran entre los usuarios más vulnerables y con mayor tasa de accidentabilidad.
Trámites accesibles, barreras culturales y el desafío de respetar las normas de tránsito
Los obstáculos para tramitar la licencia son diversos. De acuerdo con Rubio, el miedo al proceso de evaluación, la falta de tiempo y la percepción de que el trámite resulta costoso actúan como barreras. La directora también expresó que las personas creen que el costo es elevado, aunque la realidad es diferente en comparación con otros países.
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En El Salvador, obtener una licencia de conducir implica un desembolso sensiblemente menor al que se exige en países europeos. Según lo detallado en la entrevista, el precio ronda los $100,000 dólares, incluyendo el examen visual y los requisitos administrativos.
En contraste, en España, el trámite puede superar los mil quinientos euros. “Aquí no llegamos a una cifra tan exagerada”, comentó Rubio, quien subrayó que la relación costo-beneficio favorece la regularización de los conductores.
Pese a la accesibilidad económica, la cultura vial enfrenta retos que trascienden el aspecto formativo. Tanto Mayorga como Rubio coincidieron en que el problema central no radica únicamente en la falta de educación sobre las normas de tránsito, sino en el escaso respeto a las reglas existentes.
“No necesitamos reaprender que pasarse un semáforo en rojo es prohibido, o que estacionarse sobre el paso de cebra es ilegal. Lo sabemos, pero no lo respetamos”, expresó Mayorga.
Licencia de conducir: entre la legalidad, la seguridad y la responsabilidad compartida
El acceso a la licencia no solo representa un trámite legal, sino también una herramienta para mejorar la convivencia en las vías públicas. “El motociclista de por sí tiene una adrenalina diferente, se siente potente porque es una fuerza distinta al manejar un carro. Pero ser vulnerable y no tener licencia no se vale”, apuntó Rubio al analizar la exposición al riesgo de quienes conducen sin autorización.
La brecha entre el número de licencias expedidas y la cantidad de vehículos pone en evidencia que muchos ciudadanos buscan estar habilitados para distintos tipos de transporte, pero también que subsiste una proporción significativa de conductores, en su mayoría motociclistas, fuera del marco legal.
Fuente: INFOBAE
