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Bogotá.— La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reveló ante la Corte Constitucional un informe que destapa uno de los fraudes más graves en la historia reciente del sistema de salud colombiano: entre 2018 y 2023 se facturaron más de $2,3 billones de dólares por servicios médicos prestados a 471.480 personas ya fallecidas.
El hallazgo, presentado como parte de la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pone en evidencia una práctica sistemática de cobros irregulares que compromete la integridad financiera y ética del sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
Según el documento, el año 2021 concentró el mayor monto de facturación indebida, con $699.480 millones registrados.
El régimen contributivo representa el 52% del valor total, lo que demuestra que las irregularidades alcanzan tanto al sector público como al privado.
Lo más sorprendente: se reportaron servicios médicos hasta 26 años después del fallecimiento de algunos pacientes.
El informe señala directamente a varias de las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país:
- Sura: 50.404 casos – $684.989 millones
- Compensar: $418.970 millones
- Savia Salud: $261.580 millones
Un caso particular involucra a Coosalud, que habría reportado la atención de un paciente 26 años después de su muerte.
El reporte detalla que el 31,21% de los registros corresponde a servicios reportados entre 2 días y un mes después del fallecimiento. 4.666 personas “recibieron” atención médica más de un año después de morir, mientras que 1.172 casos superan los 10 años posteriores al deceso, y 29 casos muestran reportes más de 20 años después.
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Los procedimientos médicos concentran la mayor parte del fraude, con 382.864 registros y un valor estimado de $1,6 billones, seguidos por hospitalizaciones, laboratorios y programas de prevención.
La ley establece que las EPS e IPS solo pueden facturar servicios efectivamente prestados hasta la fecha de fallecimiento del paciente, y deben reportar la novedad de defunción en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Pese a ello, los datos de la ADRES evidencian una masiva omisión de controles y auditorías por parte de las entidades.
Reacción del Gobierno
El presidente Gustavo Petro calificó el caso como un “hecho de extrema gravedad” y advirtió que el hallazgo demuestra la necesidad urgente de reformar y depurar el sistema de salud.
El informe ya fue remitido a la Corte Constitucional, que analiza los resultados en el marco de la revisión de la UPC, el mecanismo que define la financiación de los servicios de salud en Colombia.
