Pudiéramos pensar que especulaban los dos titulares del periódico el Nacional, de los días lunes 5 de junio y viernes 23 de junio de 2023, si vemos las portadas de ambos: “Denuncia el gobierno está detrás del juicio político contra la Cámara de Cuentas”. Pues el otro, “Gobierno buscaría juicio político contra integrantes de la Cámara de Cuentas”. Dicho y hecho, si examinamos el pedido de juicio político, el cual formulara la Comisión de Diputados encargada de investigar las irregularidades denunciada por los mismos miembros del pleno de la Cámara de Cuentas. Es que corría en los pasillos del congreso, el rumor evidente de la necesidad de dañar la imagen de los integrantes del pleno de esa institución.
Sufrimos vergüenza ajena, por el fracaso político, democrático y Fiscal del partido, del gobierno y del congreso nacional al demostrar su ligereza en la escogencia de unas personas para integrar un órgano constitucional con una competencias y responsabilidades institucionales de tantas transcendencias en todo el estado dominicano. Pero, peor aún, si vemos que el presidente de esta comisión investigadora, es el también el presidente de la comisión que, ahora tuvo a mal seleccionar a la persona que hoy recomienda su destitución, una vergüenza técnica y democrática para la Cámara de Diputados.
Comprendemos las hipotecas políticas de ánimo y también inmobiliarias del presidente de los diputados, con el señor Ángel Rondon, el incombustible yerno del diputado Genao Lanza, aunque consideramos los límites éticos y democráticos que norman el ejercicio, y la función política de ocupar un cargo en el Estado. Una conducta insolente la cual desprecia la idoneidad de un miembro de congreso para presidir una comisión, y dar riendas sueltas a los intereses particulares y personales al momento de una designación. Sirve esta derrota política y de gestión para poner en evidencia la necesidad incontestable de regenerar la actividad y la representación política en nuestro país.
Diputados comisionados para la investigación de “Marras”, someter a juicio político a los integrantes del pleno, sin considerar las proporciones del arco parlamentario del Partido Revolucionario Moderno, pues se necesitaría 127 diputados, para la aprobación del juicio político que, sugiere esta comisión, con la agravante de qué, la acusación en caso de aprobación de este juicio por parte de los diputados, debería ser aprobada por el Senado.
Estaba muy de moda la independencia, aunque se escondieran a quienes debiera la obediencia, pues había que colocar este movimiento absurdo en el contexto de instituciones independientes, en la lucha contra la corrupción y así legitimar en la opinión pública, auditorías iregulares usadas por el ministerio público, en acusaciones de corrupción que, ahora denuncia el propio presidente de la Cámara de Cuentas como inconstitucionales, porque fueron tramitada sin la firma de los miembros del pleno. Vamos sin remedio, hacia otro derrumbe de la confiabilidad, la efectividad y la eficiencia del congreso nacional, después de todas las improvisaciones, hasta el nombramiento de una comisión especial de diputados, dentro de otra comisión, para tratar de intervenir por seis meses la Cámara de Cuentas.
Pido al sistema político del país, detener el deterioro democrático de las instituciones del Estado dominicano, ya que esta novela trágica es de factura nuestra.