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La Fiscalía citó al presidente de Perú, Pedro Castillo, a declarar los días 4 y 9 de agosto por presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía y por supuesta obstrucción a la Justicia, informó este sábado el abogado del mandatario, Benji Espinoza.
"Hay dos fechas. Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, en el caso de encubrimiento, para el 9 de agosto, ambas son por la mañana", detalló en declaraciones a la prensa el representante legal de Castillo.
Espinoza puntualizó que "lo que no se ha definido aún es si el presidente irá a la Fiscalía de la Nación o si la fiscal de la Nación vendrá a Palacio a tomar su declaración".
Estas indagaciones forman parte de dos investigaciones preliminares que el Ministerio Público abrió recientemente contra el mandatario por la presunta comisión de los delitos de colusión y encubrimiento personal al supuestamente interferir en los ascensos militares y policiales y obstruir la captura de exfuncionarios de su Gobierno prófugos de la Justicia.
Castillo, quien el pasado jueves cumplió un año como presidente de Perú, acumula cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía, cuatro de ellas vinculadas a su gestión, pese a que la Constitución peruana solo recoge la posibilidad de procesar al mandatario mientras ejerce el cargo por casos de traición a la patria o por impedir elecciones.
En su declaración a los medios, Espinoza señaló que la posición de la defensa del presidente, quien niega todas las acusaciones, "sigue siendo la misma" luego de que su exsecretario Bruno Pacheco se entregara esta semana a la Justicia, tras más de tres meses prófugo.
"La posición de la defensa es una sola: al presidente de la República no se le puede investigar mientras dure su mandato salvo el caso de la traición a la patria, que no son casos que está llevando el Ministerio Público", sentenció Espinoza.
Sobre "la entrega voluntaria" de Pacheco, el abogado aseguró que este hecho "reafirma, acredita y prueba que no ha tenido protección presidencial".
El exfuncionario de confianza de Castillo desapareció luego de que el Poder Judicial ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata, un obra vial sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
Pacheco renunció a su cargo de secretario general del despacho presidencial en noviembre del año pasado, luego de que se encontraran 20.000 dólares en efectivo en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno.
Por el caso del puente Tarata, Castillo declaró el pasado 17 de junio ante la Fiscalía, que lo investiga preliminarmente por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo para obtener beneficios ilícitos de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En esta presunta trama de corrupción también estarían implicados el exministro de Transportes Juan Silva y un sobrino de Castillo, Fray Vásquez, quienes se encuentran prófugos de la Justicia.
La clandestinidad de Pacheco, Silva y Vásquez desató la semana pasada una nueva crisis en el Gobierno que llevó a Castillo a pedir la renuncia del ministro del Interior Mariano González, quien había autorizado la creación de un grupo especial de la Policía para apoyar a la labor de la fiscal anticorrupción Marita Barreto, quien tiene a su cargo investigaciones contra altos funcionarios.
González, quien duró apenas quince días en el cargo, acusó a Castillo de estar comprometido con actos de corrupción y de obstruir a la Justicia por supuestamente entorpecer la búsqueda y captura de los prófugos implicados en la investigación.
