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Santo Domingo,.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó su respaldo a la independencia y autonomía con la que deben actuar los jueces, ante lo que calificó de ola de cuestionamientos y presiones que han surgido en torno al accionar de la magistrada Fátima Veloz, quien conoció la medida de coerción a los propietarios de la colapsada discoteca Jet Set.
Este caso, que ha provocado una intensa conmoción social por tratarse de la trágica muerte de 236 personas, ha desatado una avalancha de reacciones mediáticas, reclamos ciudadanos y pronunciamientos del Ministerio Público y de los abogados de las víctimas, lo cual según el CARD ha desbordado los límites del respeto institucional y del debido proceso de ley.
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La magistrada Fátima Veloz, en el ejercicio de su rol como autoridad judicial, dictó una medida de coerción conforme a los principios del derecho penal y procesal penal dominicano, amparada en su facultad constitucional y legal, cuya medida aun cuando es distinta a la prisión preventiva no equivale a una decisión impune, ni representa el cierre del proceso, dijo el organismo en una nota.
La jueza Veloz impuso el jueves pasado una fianza de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país al propietario del Jet Set Antonio Espaillat, al igual que a su hermana Maribel, acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario y solicitó 18 meses de prisión para el primero y prisión domiciliaria para la segunda, como medidas de coerción.
"Esta medida no debe ser interpretada como una absolución anticipada ni como una negación de justicia, sino como una actuación basada en criterios jurídicos, el proceso apenas comienza, y será en ese curso procesal donde deberán presentarse las pruebas y ejercerse los derechos tanto de las víctimas como de los imputados", refirió el CARD.
El Colegio de Abogados tildó de jurídicamente "desproporcionada" la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados, en un caso en que, conforme a las normas actuales y salvo que se presenten agravantes probadas, la eventual pena podría oscilar entre tres meses y dos años.
"No podemos permitir que el sistema de justicia se vea distorsionado por decisiones que parezcan responder más al clamor popular que a la razón jurídica", consideró.
Por otra parte, el CARD exhortó al Congreso Nacional a emprender con urgencia una reforma estructural del Código Penal dominicano, de forma que el país cuente con un marco jurídico moderno y coherente con la realidad social actual.
La institución reconoció el dolor de las familias afectadas y la "legítima" indignación de la ciudadanía, pero reiteró que la justicia no puede actuar motivada por emociones.
"Sabemos que esta tragedia ha conmocionado a la nación, que ha tocado fibras sensibles de una sociedad harta de la violencia. Pero es precisamente en estos momentos cuando debemos tener más firmeza en defender la institucionalidad y entender que no haber Justicia posible fuera de la ley", afirmó el CARD.
