sábado, mayo 23, 2026
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Jet Set, una omisión disfrazada de homicidio involuntario

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Han pasado poco más de dos meses desde el colapso del techo en la discoteca Jet Set, que dejó un saldo devastador de 236 muertos y más de 180 heridos. Hoy, la investigación del Ministerio Público apunta a un escenario aún más perturbador: la tragedia pudo evitarse.

Según las autoridades, el desplome ocurrido la madrugada del 8 de abril no fue producto de un evento fortuito, sino el resultado de una cadena de negligencias, advertencias ignoradas y omisiones graves por parte de los propietarios del establecimiento.

Fundado en los años 70 como el cine El Portal, el Jet Set se consolidó durante décadas como un ícono de la música tropical en República Dominicana. Pero bajo su fachada de prestigio, el lugar operaba con serias irregularidades: sin permisos estructurales vigentes, sin estudios técnicos y con reparaciones improvisadas realizadas por personal no calificado, revela el expediente.

Un historial de advertencias ignoradas

Las denuncias contra el Jet Set no eran nuevas. Documentos oficiales recogen múltiples reportes por contaminación sónica y remodelaciones ilegales, realizadas sin la debida autorización. Las condiciones del techo eran conocidas por los dueños, Antonio y Maribel Espaillat, quienes, a pesar de las alertas internas, mantuvieron sus actividades con normalidad.

Entre los hallazgos más alarmantes de la Fiscalía figuran:

  • Advertencias ignoradas: Empleados del club habían reportado el deterioro del techo días antes del colapso. Fotografías, mensajes y testimonios confirman que los plafones presentaban daños evidentes. El mismo día del evento se reemplazaron varios de ellos, pero la fiesta no fue suspendida.
  • Reparaciones irregulares: Las intervenciones estructurales fueron realizadas sin supervisión técnica. En lugar de reforzamientos profesionales, se aplicaron parches con cemento, lonas asfálticas y otros materiales inadecuados. También se instalaron seis aires acondicionados industriales, con un peso considerable, sin que existiera ningún análisis de carga.
  • Falta de permisos legales: El local operaba con una única autorización emitida en 1970, cuando aún funcionaba como cine. No hay registro de trámites formales para remodelaciones ni estudios de impacto ambiental en los últimos años, en violación de las normativas del MIVED, el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente.
  • Colapso por sobrepeso: Peritajes concluyeron que las vigas principales colapsaron por una acumulación excesiva de peso —incluyendo capas de materiales, tinacos y equipos industriales—, sin refuerzo previo ni evaluación estructural.

Dueño enfrenta cargos; víctimas claman justicia

El propietario del local, Antonio Espaillat, se entregó a las autoridades el pasado 12 de junio y enfrenta cargos por homicidio involuntario, negligencia grave e intimidación de testigos. La Fiscalía sostiene que, por la gravedad de las omisiones y el desprecio por las advertencias recibidas, el caso podría calificarse como homicidio por imprudencia temeraria.

Sin embargo, el Código Penal dominicano contempla penas de apenas tres meses a dos años de prisión para este tipo de delitos. La aparente desproporción entre el castigo posible y la magnitud de la tragedia ha encendido un debate nacional.

Esto no fue un accidente. Fue una muerte anunciada”, denuncian familiares de las víctimas, quienes exigen que el proceso judicial no termine en una sanción simbólica.

Para ellos, el caso del Jet Set debe sentar un precedente en el país: que la negligencia empresarial y el desprecio por la vida no se despachen con penas menores ni se diluyan en el espectáculo mediático.

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