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Santo Domingo.– El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, a cargo del magistrado Raymundo Mejía, rechazó este viernes la solicitud de peritaje independiente presentada por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido el pasado 8 de abril de 2025 y que dejó un saldo de 236 personas muertas y más de 100 heridas.
El juez Mejía explicó que su decisión se fundamenta en la extemporaneidad de la solicitud, ya que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que lleva el control del proceso, había declinado conocerla en esta fase judicial.
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El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Miguel Collado, destacó que “en justicia todo tiene un curso lineal y nada se puede transformar”. Al pedimento del órgano acusador se adhirieron además las barras de abogados que representan a las víctimas de la tragedia, quienes coincidieron en que la solicitud de la defensa fue presentada fuera de tiempo y sin documentos que avalaran la experiencia técnica de los peritos propuestos por los acusados.
En el expediente, el Ministerio Público establece que los hermanos Espaillat agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
Los peritos designados por el Ministerio Público —Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo)— documentaron en sus informes las fallas de la estructura que habrían contribuido al colapso mortal.
De acuerdo con la acusación, los hermanos Espaillat, como responsables de la operación del local en la avenida Independencia, incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano. El Ministerio Público sustenta la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.
El magistrado Mejía recordó que el inicio de la audiencia preliminar en este caso está programado para el 16 de febrero, y reiteró la importancia de respetar el procedimiento legal establecido.
