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Santo Domingo.- Una señora de 82 años, identificada como Fiordaliza Mercedes Santana Zapata, denunció haber sido desalojada de manera violenta de la vivienda donde residió por más de 37 años, la misma en la que cuidó a su madre hasta su fallecimiento y que asegura es parte del legado de su familia.
Según narró, su hermana menor, Carmen Marianela Santana Domínguez, retornó desde los Estados Unidos y al llegar intentó sacarla de la casa, que está registrada a nombre de esta última. No obstante, Fiordaliza se negó a abandonarla, amparándose en el tiempo que ha habitado allí y en el lazo moral y afectivo que la une a la propiedad.
En su búsqueda por defender su derecho a permanecer, la señora acudió ante el Abogado del Estado en la Jurisdicción Inmobiliaria, donde el 7 de octubre de 2024 se le notificó mediante comunicación firmada por el doctor Gedeón Platón Bautista Liriano que ese tribunal era incompetente para conocer el caso, ya que por tratarse de un conflicto familiar debía dirimirse en la Jurisdicción Ordinaria.
Fiordaliza también denunció que su hermana habría vendido la vivienda a una vecina, Chrystaly Rosalía Mañón Pujols, en un proceso que califica de dudoso, alegando que los documentos presentados no le parecen auténticos y que su hermana no tiene condiciones de salud para realizar esa transacción.
Lo más alarmante del caso es que, según relató, fue expulsada a la fuerza por miembros de la Policía Nacional y por la misma compradora, quienes no solo la sacaron del lugar sino que la golpearon en el ojo derecho y la amenazaron con un arma blanca. Esta agresión quedó documentada en un Certificado Médico Legal del INACIF del 8 de abril de 2024, que indica un trauma con edema en la región infraorbitaria derecha.
Más preocupante aún, la señora afirmó que este desalojo habría contado con el apoyo de funcionarias del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), específicamente Yissel Alcántara, encargada del departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos, y de la procuradora fiscal Danissa Cruz, directora de Derechos Humanos y de la Unidad de Repatriados de la Procuraduría General de la República.
Fiordaliza Mercedes Santana asegura haber acudido a distintos medios y autoridades en busca de amparo, pero afirma que nadie ha intervenido, presuntamente por temor a las funcionarias involucradas.
“Me sacaron de mi casa como si fuera una delincuente, con puñal en mano y golpes, cuando lo único que he hecho es cuidar a mi madre y vivir en la casa que me dejó mi abuela”, expresó la señora, visiblemente afectada.
Dado su estado de vulnerabilidad y avanzada edad, hacemos un llamado público al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), que encabeza el ingeniero Carlos Bonilla, para que evalúe con carácter de urgencia este caso y pueda brindarle una solución habitacional digna a la señora Fiordaliza Mercedes Santana Zapata, quien hoy se encuentra desamparada tras haber perdido el único hogar que conoció en casi cuatro décadas.
Se trata no solo de un asunto legal, sino también de humanidad, pues permitir que una anciana quede sin techo, tras un episodio de violencia y presuntas irregularidades, sería un reflejo doloroso del abandono que todavía sufren muchos adultos mayores en el país.
