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Santo Domingo.- El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras comenzó a operar bajo un esquema de seguridad que elimina por completo el uso de teléfonos celulares dentro del recinto, tanto para los privados de libertad como para el personal encargado de su vigilancia.
Las autoridades penitenciarias informaron que esta prohibición forma parte del nuevo modelo de control que busca impedir la planificación de delitos desde el penal y garantizar que la comunicación se realice únicamente por vías reguladas. En ese sentido, las cabinas telefónicas públicas serán el único mecanismo autorizado para que los internos se comuniquen con sus familiares.
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El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, explicó que esta disposición forma parte del esfuerzo por impedir que desde los centros penitenciarios se coordinen actos delictivos.
Según dijo, ningún agente penitenciario ni privado de libertad podrá portar dispositivos móviles dentro del penal. Santana indicó que, en sustitución de los celulares, Las Parras contará con cabinas telefónicas públicas, las cuales serán el único medio disponible para que los internos se comuniquen con sus familiares.
“Para esto no hace falta una ley, lo que se necesita es voluntad”, afirmó.
Actualmente, el personal operativo utiliza alrededor de 15 equipos tecnológicos estrictamente controlados, pero el funcionario adelantó que esos dispositivos serán eliminados gradualmente y reemplazados por sistemas más seguros, sin acceso a páginas web ni redes sociales.
Aunque los privados de libertad podrán utilizar computadoras en procesos educativos y de formación académica, no tendrán acceso libre a internet. Todo estará supervisado por los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).
Además, el centro cuenta con un moderno sistema de vigilancia compuesto por aproximadamente 480 cámaras y tecnología de reconocimiento facial, que permite monitorear movimientos de internos y del personal en tiempo real.
Durante un recorrido por el área de monitoreo, se observó el despliegue de pantallas y computadoras desde donde se da seguimiento a las operaciones internas. Santana destacó que los agentes recibieron ocho meses de preparación para garantizar una supervisión adecuada. “Este no es un centro de recreo. Aquí manda el Estado, no los internos. Esto es un espacio de cumplimiento de sanción social”, enfatizó.
El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived) Carlos Bonilla, informó que las próximas dos etapas del complejo estarán listas en 2026.
La DGSPC proyecta trasladar unos 8,500 internos, principalmente provenientes de La Victoria, contribuyendo así a disminuir el hacinamiento.
