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Santo Domingo Oeste.– El presidente del Concejo de Regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Joan Herrera, afirmó que la crisis generada por la falta de pago a empleados municipales tiene su origen en un error administrativo cometido por la Alcaldía, tras la entrada en vigencia de una modificación legal que cambió la distribución del presupuesto municipal.
Herrera explicó que la reforma a la normativa presupuestaria, aprobada en agosto, tomó por sorpresa a la administración municipal, que no se preparó con tiempo para adecuar el presupuesto del año siguiente a las nuevas disposiciones.
“Si la ley se aprueba en agosto, había dos o tres meses para prepararse. Si se sigue manejando el presupuesto como antes de la promulgación, entonces se está faltando a la ley”, sostuvo.
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El edil aclaró que el Concejo de Regidores no tiene responsabilidad directa en la ejecución ni en la distribución de los fondos, ya que su rol se limita a la aprobación del presupuesto. No obstante, señaló que el consejo ha tenido que asumir la presión social derivada del impasse, pese a no ser el ente ejecutor.
“Aprobamos presupuestos, pero no los manejamos ni los ejecutamos. Sin embargo, hemos cargado con una culpa que no nos corresponde”, indicó.
Herrera detalló que los once regidores del PRM han consensuado buscar una salida legal a la situación, evaluando incluso una posible reestimación de recursos correspondientes al presupuesto anterior, con el fin de dar respuesta a los empleados municipales, quienes, según dijo, no han recibido pagos desde finales de diciembre, afectando tanto a personal de bajo como de alto nivel.
Explicó que la situación se agravó tras la promulgación de la Ley 75-25, que modificó la distribución del presupuesto municipal, reduciendo la partida de inversión de un 40% a un 30%, elevando otros renglones y cerrando márgenes que antes permitían cierta flexibilidad en el manejo de cuentas, especialmente en lo relativo a la nómina y los servicios.
“Hay cuentas que antes se usaban para servicios y ahora no se pueden utilizar. Eso obligaba a una planificación mucho más estricta”, precisó.
En ese contexto, señaló que el alcalde Francisco Peña realizó un movimiento de cuentas que no debió hacerse, aun conociendo que la nueva ley estaba próxima a entrar en vigor.
“Ese movimiento es parte del problema que hoy enfrentamos”, afirmó.
Herrera aseguró que el Concejo ha sostenido conversaciones con el alcalde, quien, según dijo, ha reconocido públicamente que el error fue de su administración y ha manifestado su incomodidad con la nueva legislación. Sin embargo, denunció que sectores afines al ejecutivo municipal han intentado responsabilizar a los regidores de la falta de pagos, generando tensiones dentro del cabildo.
“Hay muchas incomodidades en el Concejo. Regidores que no tenían que estar recibiendo esta presión. Pero como presidente del Consejo, tengo que asumir con responsabilidad y dar una respuesta contundente al municipio”, expresó.
El presidente del Concejo informó que una sesión prevista fue movida para continuar buscando una solución legal, ya que advirtió que no se puede aprobar una transferencia de fondos del programa de inversión a la cuenta de gasto de personal, por tratarse de una acción ilegal.
“La ley es clara y hay que cumplirla, aunque haya calles con más de 20 años sin asfaltar”, concluyó.
