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Santo Domingo.- Fundamentado en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal condenó a penas de 30 y 20 años de prisión a dos hombres hallados culpables de provocar la muerte a una pareja propietaria de una cabaña del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en el año 2022.
La condena de 30 años de prisión fue impuesta contra Raulyn Martínez de la Cruz, mientras que 20 años de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones de pesos fue dictada en contra de Nervin Alcequiez Hilario, hijo del occiso.
Ambos fueron condenados por la muerte de los señores Santos Alcequiez y Miriam Altagracia Grullón Liz, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en dicho establecimiento el 30 de marzo de 2022, un día después del crimen.
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El expediente acusatorio detalla que los hechos ocurrieron en dicho establecimiento alrededor de las 10:30 de la noche del 29 de marzo de 2022. Martínez de la Cruz penetró a dicho lugar luego de realizar una negociación con Alcequiez Hilario, mediante la cual este le encargaba matar a su padre a cambio de la suma de 400 mil pesos para sustraer documentaciones de unas propiedades.
Dos semanas antes de que ocurrieran los hechos, Alcequiez Hilario le proporcionó la suma de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000) a Martínez de la Cruz, además de un arma de fuego para la comisión de los hechos.
Al día siguiente de ejecutar los crímenes los dos procesados se reunieron, procediendo Martínez De La Cruz a hacerle entrega a Alcequiez Hilario del arma de fuego, mientras que este último le hizo entrega de la suma de RD$150 mil pesos como pago final.
La calificación jurídica del hecho punible está establecida en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano.
Martínez de la Cruz deberá cumplir la sentencia en la Fortaleza Olegario Tenares, de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, mientras que Nervin Alcequiez Hilario la cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
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La procuradora fiscal Odalis Mercado Morris tuvo a cargo la litigación del caso, cuya investigación fue realizada por la fiscal Helaynne Guzmán de Jesús.
El Tribunal Colegiado de María Trinidad Sánchez, presidido por Salma Bonilla Acosta, dictó la sentencia condenatoria basado en los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público.
