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“Ninguna persona en condición irregular puede permanecer en el país.” Lo dice el gobierno. Lo repiten sus voceros. Lo celebran quienes aplauden las redadas. Pero, mientras tanto, ese mismo gobierno ejecuta un proyecto oficial dirigido precisamente a registrar, capacitar e integrar a quienes no tienen documentos. No es un rumor ni una filtración. Es un acuerdo firmado y financiado con una donación de 4.6 millones de dólares del Banco Mundial.
El proyecto se llama “Respuesta multisectorial a la movilidad humana”. Inició en 2023 y estará vigente hasta 2026. Más de tres millones de dólares ya han sido desembolsados y distribuidos entre instituciones públicas. Curiosamente, muchas de estas son las mismas que hoy encabezan operativos de control migratorio. Al mismo tiempo que ejecutan detenciones, diseñan campañas para mejorar la percepción de los migrantes.
El Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, recibió 1.4 millones de dólares destinados a consultorías, desarrollo institucional y producción de material educativo sobre “coexistencia pacífica”. El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) recibió un millón de dólares para registrar 85,000 hogares de inmigrantes, sin importar si sus integrantes tienen cédula o documentos oficiales. La Dirección General de Migración obtuvo 380,000 dólares para mejorar sus protocolos de actuación. No para endurecer controles, sino para hacerlos más “humanos”.
La Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) recibió 190,000 dólares para una campaña centrada en la convivencia, el monitoreo de redes sociales y el análisis de percepción pública. Y el Ministerio de la Mujer ejecuta un componente enfocado exclusivamente en mujeres extranjeras, con servicios garantizados sin importar su estatus migratorio.
El acuerdo, además, incluye una cláusula clara: los datos recopilados por estas instituciones no pueden ser entregados a la Dirección General de Migración. Mientras una parte del Estado ordena detenciones, otra firma compromisos que prohíben excluir a quienes están en el país de forma irregular.
No se puede exigir control mientras se ejecuta inclusión. No se puede reclamar soberanía mientras se registran hogares sin papeles. No se puede decir “la ley es la ley” y, al mismo tiempo, financiar estrategias para adaptarse a su incumplimiento.
