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SANTO DOMINGO.- En política, el poder no solo se mide por lo que se controla, sino por lo que se transforma. Bajo esa lógica, el Estado dominicano posee una oportunidad de oro que aún no ha sabido aprovechar: el patrimonio incautado al crimen organizado y a las redes de corrupción.
Ese patrimonio existe, es tangible, y está bajo custodia del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Decomisados (INCABIDE). Se trata de bienes que no solo representan riqueza material, sino también la posibilidad de traducir justicia penal en justicia social.
Hasta abril de 2025, el inventario estatal incluye:
- Más de 200 vehículos, algunos con alto valor de reventa o uso institucional.
- 49 relojes de lujo y joyas valoradas en cientos de miles de pesos.
- Dos yates y más de 300 inmuebles con sentencia definitiva de decomiso.
- RD$559 millones en efectivo, que ya ingresaron a la Tesorería Nacional.
La narrativa oficial es que están “en proceso de registro y evaluación”, con la promesa de subastas públicas “próximamente”. Pero el tiempo pasa, los bienes se deprecian y el capital —en lugar de ser reinvertido estratégicamente en educación, salud o seguridad— se mantiene estático, como si el Estado no supiera qué hacer con el poder que tiene entre manos.
Este no es solo un problema administrativo. Es una cuestión de gobernanza. Cada bien inmovilizado es una decisión no tomada. Cada subasta no realizada es una oportunidad perdida. Y cada peso que no se transforma en bienestar ciudadano es, en esencia, una falla política.
La lucha contra la corrupción no termina en los tribunales. Continúa en la capacidad del Estado de usar lo incautado para reducir desigualdades, fortalecer instituciones y restaurar la confianza ciudadana.
Porque si el Estado puede decomisar el lujo… también debería poder convertirlo en progreso.
