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Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció esta semana que “se acerca la subasta” de bienes incautados por el Estado dominicano. La primera, según indicó, podría celebrarse entre finales de julio y principios de agosto, y estaría a cargo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (INCABIDE).
Con esa frase, el presidente volvió a colocar sobre la mesa un tema al que Bajo el Foco le ha dado seguimiento en varias entregas: ¿cuándo, cómo y cuántos de esos bienes finalmente saldrán a subasta?
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El director del INCABIDE, Manuel Oviedo Estrada, confirmó que se prevé realizar dos subastas antes de que finalice el 2025, con una proyección de más de RD$1,000 millones de pesos en activos. Entre los bienes incluidos figuran aproximadamente 90 inmuebles con títulos disponibles, más de 100 joyas y más de 100 vehículos, aunque muchos de estos últimos están clasificados como chatarra.
Sin embargo, Oviedo aclaró que el acto de entrega realizado por la Procuraduría General de la República en noviembre de 2024 fue principalmente simbólico. Aunque en esa ocasión se anunció la entrega de más de 300 bienes con sentencia firme y un valor estimado en RD$3,300 millones, hasta la fecha el proceso de traspaso sigue en curso. En el caso de los inmuebles, el INCABIDE ha recibido formalmente solo el 22 % del total.
Esta situación, según explicó el funcionario, influye directamente en el uso actual de muchos de esos bienes. Algunos continúan bajo custodia del Ministerio Público, otros están en etapa de traspaso, y una parte ha sido alquilada legalmente para cubrir gastos operativos y de mantenimiento. También hay propiedades en uso por instituciones públicas.
Entre los inmuebles de alto perfil en el inventario figuran estaciones de combustible, apartamentos en sectores exclusivos como Piantini y La Esperilla, una villa en Casa de Campo, y un cine comercial en el malecón, este último actualmente en evaluación por parte del Ministerio de Cultura para un posible uso institucional.
Con este contexto, la subasta pública anunciada busca dar salida a una parte de estos activos, en cumplimiento de la Ley de Extinción de Dominio y bajo las disposiciones legales que rigen su administración. No obstante, el proceso de recepción, clasificación y disponibilidad legal de cada bien continúa siendo una etapa clave antes de su comercialización.
El Estado administra hoy un portafolio de alto valor económico, pero también de fuerte carga simbólica.
