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Samaná. – El coordinador general del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, solicitó este sábado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenar una investigación sobre los presuntos abusos cometidos contra campesinos de la comunidad de Agua Santa del Bajo Yuna, en la provincia Samaná, quienes exigen la devolución de terrenos que les habrían sido adjudicados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) hace más de cuatro décadas.
Hubieres denunció que cuatro campesinos permanecen detenidos desde hace más de 10 días, mientras, según aseguró, las autoridades de la Fiscalía de Samaná, en conjunto con miembros de la Policía Nacional, estarían actuando en beneficio del señor José Miguel Brito Santiago, a quien acusó de haber amenazado de muerte y disparado contra varios comunitarios cuando intentaban acceder a sus tierras.
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“El video que circula en redes sociales donde se ve claramente a José Brito Santiago realizando disparos y amenazando a los campesinos debería bastar para que ese señor estuviera preso y no quienes defienden su derecho a la tierra”, expresó el también presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano).
Hubieres cuestionó la actuación de la fiscal Érika Pujols Pujols y del teniente coronel López, a quienes acusa de violar la ley al proteger presuntamente intereses particulares por encima de los derechos de los agricultores.
En ese sentido, el exdiputado instó a la procuradora Reynoso a intervenir la Fiscalía de Samaná para evitar una posible tragedia, al advertir que José Brito Santiago ha mostrado claras intenciones de “llegar hasta las últimas consecuencias” para apropiarse ilegalmente de las tierras.
Además, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que instruya al director del IAD, Francisco Guillermo García, a presentar la documentación que avale la titularidad de las parcelas a favor de los campesinos de Agua Santa.
“Responsabilizamos a las autoridades del IAD, a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Samaná de cualquier tragedia que ocurra en esa comunidad. Lo que se está permitiendo es un atropello indignante contra personas que solo reclaman lo que legítimamente les pertenece”, concluyó.
