English
SANTO DOMINGO.- Una jueza de Santiago Rodríguez impuso prisión domiciliaria, garantía económica e impedimento de salida del país al sacerdote católico Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, imputado de abuso sexual.
El Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión en un recinto penitenciario, además de una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora. La audiencia fue encabezada por la jueza Norma Zapata, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, y contó con la representación de los fiscales Rafael Antonio Bueno y Denis Guzmán. También se dictaron medidas de protección a favor de la víctima y sus familiares.
Te puede interesar: Benedicto XVI: los abusos del padre Maciel
El tribunal rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, presentada por la defensa técnica, al considerarla extemporánea y sin fundamento, al tratarse de un hecho presuntamente continuado. La jueza señaló que debe tomarse en cuenta la fecha en que cesó la infracción, la cual no fue precisada por la defensa.
Al valorar los elementos presentados, la jueza consideró que existían suficientes motivos para imponer las medidas restrictivas de libertad. La fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos de las víctimas, asegurando que el caso se maneja con la debida sensibilidad y rigor.
Peña Sánchez fue arrestado mediante orden judicial y sometido a la justicia tras denuncias de varias víctimas, entre ellas dos mujeres que relataron haber sido agredidas desde los 12 y 14 años, hecho que se habría prolongado por varios años. Una de las víctimas formalizó la denuncia el 12 de septiembre de 2025, indicando que los abusos continuaron incluso en su adultez. Según su testimonio, conoció al sacerdote en Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, cuando este era párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, y que Peña Sánchez se ganó la confianza de su familia para cometer los abusos mediante manipulación, intimidación y amenazas.
Los hechos fueron calificados jurídicamente como violación a los artículos 309-1, 330, 331, 333-1, 2 y 332, que sancionan la agresión, violación y acoso sexual, así como al artículo 396 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Durante la investigación se realizaron allanamientos autorizados en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas y diversos objetos electrónicos (DVD, teléfonos y memorias) que serán analizados por las autoridades correspondientes.
El Ministerio Público informó que las investigaciones del caso continúan en curso.
