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Santo Domingo.- Una madre denunció públicamente que su hijo, un joven de 22 años sin antecedentes penales, fue supuestamente víctima de un montaje por parte de agentes policiales, quienes habrían colocado drogas en su residencia para justificar su arresto.
El hecho habría ocurrido en el sector Cristo Rey, específicamente en el área conocida como “El Bronx”, donde residentes acusan a las autoridades de cometer “abusos sistemáticos”.
“Han destruido a muchos jóvenes de este barrio. Yo tengo pruebas. Entraron a la casa de mi hijo mientras dormía y le pusieron droga”, afirmó la denunciante, visiblemente afectada, mientras mostraba un video en el que supuestamente se observa a un agente ingresar con una funda blanca y luego salir del lugar.
El joven, identificado como José Luis de Jesús Ureña, fue descrito por su madre como un jugador de baloncesto, sin historial delictivo ni vínculos con actividades ilícitas. Según relató, su hijo fue arrestado mientras dormía, y fue sacado de la vivienda sin explicaciones claras.
“Ellos le pusieron la ropa, entraron con la droga y salieron como si nada. Pero en esa casa hay cámaras, y tenemos testigos”, sostuvo la mujer, quien además identificó al supuesto agente implicado como Obaldo de Jesús, quien presuntamente fue grabado mientras introducía la sustancia ilícita.
“El punto de droga no está en mi casa. Todo el barrio sabe dónde opera y quién lo protege. ¿Por qué se llevan a los inocentes?”, cuestionó, al tiempo que denunció que otro familiar, enfermo de tuberculosis, también fue detenido.
“Ese hombre ni siquiera puede salir al frente. Los vecinos son quienes le llevan la comida. ¿Cómo van a decir que él vende droga?”, añadió.
La denunciante hizo un llamado directo al director de la Policía Nacional y de la DNCD, para que se investigue el caso.
“Hoy es mi hijo, pero mañana puede ser cualquier otro joven inocente. Estamos cansados de estos abusos. Queremos justicia y que esto se haga viral”, expresó.
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En reiteradas ocasiones, la comunidad de Cristo Rey ha manifestado su preocupación por operativos que, según denuncian, afectan a ciudadanos ajenos al microtráfico, mientras los puntos de venta reales continúan operando con impunidad.
