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Santiago.- La Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago conocerá mañana viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, la medida de coerción contra once agentes de la Policía Nacional acusados de la muerte de cinco hombres en un hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita.
El Ministerio Público depositó este jueves la solicitud en la que pide al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva a los encartados y que el proceso sea declarado caso complejo, debido a la gravedad de los hechos y el número de imputados.
Entre los procesados se encuentran oficiales y alistados de distintos departamentos de la uniformada, entre ellos: Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrián Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos.
También están señalados Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central.
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Las víctimas fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes murieron durante un operativo en una plaza comercial de la avenida Olímpica, donde funcionaba la peluquería de Valerio Estévez.
Familiares del joven peluquero aseguran que tanto él como su cliente, Julio Alberto Gómez, fueron ejecutados por los agentes, mientras que los parientes de los demás fallecidos reclaman justicia y que este hecho no quede impune, al calificarlo como una “ejecución masiva”.
La audiencia, que se celebrará en el Palacio de Justicia Federico Álvarez, se perfila como uno de los procesos judiciales más seguidos en la provincia por el número de policías imputados y la presión social que exige sanciones ejemplares.
