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Santo Domingo.– La primera dama de la República y presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, Raquel Arbaje, alzó su voz este lunes contra los recientes casos de explotación sexual de menores detectados en un operativo encabezado por el Ministerio Público en la provincia de Puerto Plata.
Arbaje calificó como “deplorable” el abuso infantil y reiteró que la protección de la niñez debe seguir siendo una prioridad del Estado dominicano. "El uso de la inocencia de nuestros niños y niñas para fines criminales no solo es inaceptable, es un acto que debe ser completamente castigado en los tribunales", manifestó.
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En ese contexto, anunció que desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia se trabaja en una reforma a la Ley 136-03 para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante este tipo de delitos. Reconoció, además, avances importantes en la protección infantil en los últimos años, aunque subrayó que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) aún necesita más recursos para cumplir con sus responsabilidades. "Se ha fortalecido mucho, pero Conani aún necesita más apoyo", expresó.
Las declaraciones de la primera dama se producen luego de una gran operación realizada en Sosúa, Puerto Plata, en la que fueron rescatadas 174 mujeres, incluyendo siete menores de edad. La acción fue ejecutada por un equipo multiagencial tras semanas de labores de inteligencia, dando paso a la creación de una fiscalía especializada en la zona.
Durante el operativo se realizaron 29 allanamientos, se intervinieron 12 pensiones y 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas, y se detuvieron 22 hombres. También fueron incautadas armas y otras evidencias relacionadas con los delitos de explotación sexual, proxenetismo y tráfico ilícito de migrantes.
La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de Atención a la Persona (Conanp), Ligia Jeannette Pérez Peña, reveló que algunas víctimas eran explotadas por sus propios familiares, y lamentó la falta de compromiso de algunos tutores con el bienestar de sus hijos.
La operación fue coordinada por la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas, la Fiscalía de Puerto Plata y la Dirección General de Persecución, con el apoyo de otras instituciones estatales. Participaron más de 500 agentes y 35 fiscales.
