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El turbulento asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, seguido de las investigaciones y rumores que vinculan, incluso, al actual primer ministro Claude Joseph, llegan en momentos en que la crisis sanitaria por la COVID-19 ha desatado brotes de inestabilidad en la región, destapando una Caja de Pandora que debe llamar a la reflexión de los dominicanos sobre todo por la actitud contemplativa de la comunidad internacional.
Aparte de la consternación que produce en cualquier país del mundo un magnicidio, lo que le da dotes particulares a este caso son las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se encuentra el inexistente Estado haitiano.
Por el curso que llevan las pesquisas, entre toda la confusión reinante, hasta ahora lo que es evidente es que el territorio que se localiza al oeste de Santo Domingo se encuentre dominado por poderosos grupos mafiosos que no vacilan a la hora de contratar mercenarios internacionales y acribillar a la que se supone es la máxima autoridad en un Estado, así como es evidente que existen grupo afanados en vincular a toda costa a la República Dominicana en este hecho.
Ante esta situación, los principales actores que componen la comunidad internacional han asumido una actitud de contemplación e hipocresía hacia Haití, pretendiendo promover que en el territorio haitiano existe un Estado Constitucional de Derecho, cuando lo que padece Haití es precisamente el descalabró completo de la institucionalidad, resultado de políticas de colonialismo, injerencia y opresión que evitaron que se configurara una organización política capaz de regir con eficacia los destinos de ese pueblo.
Y es que, con tan sólo un escueto examen de su historia, se entiende cuáles fueron las razones que imposibilitaron que la nación haitiana le haya sido imposible organizarse como un Estado Constitucional que respeta y garantiza derechos fundamentales, como se plantea en la famosa Declaración Francesa de 1789, esto a pesar de que fue en 1804 cuando Jean Jaques Desalines proclamó la existencia del Estado haitiano.
Sin embargo, la inexistencia de un Estado haitiano, en los términos del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano de 1789, tiene su génesis en la contradicción interna de una Francia que, por un lado, proclamaba la “libertad, igualdad y fraternidad” y por el otro, se resistía a perder la explotación de su principal colonia, librando una guerra de exterminio en donde los esclavos haitianos, que antes de la guerra eran aproximadamente 450 mil, tuvieron que destruir el aparato productivo colonial, y se vieron reducidos a tan solo 170 mil personas.
Y como si la devastación acontecida fuera poca cosa, Francia para reconocer la independencia exigió la astronómica suma de 150 millones de francos (aproximadamente 21 mil millones dólares actuales) deuda improductiva que imposibilitó el desarrollo económico y repercutió drásticamente en el orden social e institucional.
El resultado de este complicado devenir, es la debilidad intrínseca del Estado haitiano, con las consecuencias de la esclavitud, plasmándose en una reacción radical de racismo de negros contra blancos y un germen de violencia e inestabilidad, que lejos de mitigarse ha sido acrecentado por las condiciones de miseria y el trato desigual de importantes actores internacionales, que en vez de una cooperación solidaria continuaron políticas colonialistas de saqueo y explotación.
En ese contexto, uno de los países vecinos más afectados es la República Dominicana, quien sufre la presión migratoria y los costos sociales de la ineficacia del Estado haitiano, sumado a que los grupos que se encumbran en la frágil estructura gubernamental haitiana, enarbolan un discurso anti dominicano falaz, que lejos de contribuir a la armonía y conveniencia social, exacerban los ánimos, con igual retórica que minúsculos sectores dominicanos que a lo largo de nuestra historia han vivido de instrumentalizar el odio.
En este panorama se impone que la comunidad internacional organizada asuma un papel activo, y no de mera expectación, en donde apoye la necesidad de construir una institucionalidad en Haití que fomente el desarrollo humano, garantice derechos, empezando con los derechos a la vida, seguridad, comida, salud y educación, y no dejar con su inacción que sea únicamente la República Dominicana que asuma la solución de terrible drama humano que ella no creó
Si esto no se hace, si los que deben actuar con justicia se siguen haciendo los desentendidos con tal de no pagar la cuenta, el discurso de intolerancia de un pequeño grupo de la ultraderecha dominicana encontrará eco ante la migración de la violencia y el desorden y se detonarán situaciones cada vez más delicadas.
