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Consideramos oportunas y democráticas las objeciones y críticas de nuestros colegas; sin embargo, quisiéramos precisar las siguientes reflexiones sobre esta pieza fiscal, dadas las realidades monetarias, financieras y de financiación estatal contenidas en este anteproyecto de ingresos, presentes en este instrumento de desarrollo, hoy sometido al debate en este hemiciclo.
Somos herederos de cuatro legislaturas de derroche y de insensibilidad de cuatro gobiernos que, en lugar de sanear las cuentas nacionales, produjeron unos presupuestos sistemática y sistémicamente deficitarios, los cuales, fueron maliciosamente distorsionados, tanto en su confiabilidad, eficiencia y efectividad en cuanto y tanto, sirvieron para permitir el aumento patrimonial de los funcionarios de las instituciones centralizadas y de sectores privados ligados o asociados a los presidente Leonel Fernández y Danilo Medina.
Pensemos que, la finalización disfrazada de gastos tributarios para subvencionar y exonerar del pago de impuestos a sectores empresariales, supuestamente para incentivar la producción de bienes y servicios, monta hoy la suma astronómica de más de 240 millones de pesos anuales, un privilegio para empresas e industrias, cuyos bienes y servicios en nada, o muy poco, benefician a la sociedad o a los ciudadanos en calidad o en economía de precios para las familias, pero, mucho menos en garantizar un régimen laboral comprometido con la calidad del empleo, ni en una mejores prestaciones laborales para los trabajadores y empleados de estas empresas. Pero, la responsabilidad social con sus entornos de producción, ni siquiera el estado fiscaliza.
Nos basta la contaminación y la hostilidad medioambiental de empresas como las Itabo, la Barrick Pueblo Viejo, la contaminación del rio Higuamo en San Pedro de Macorís. Quisiera recordar a los honorables senadores del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo que, en los últimos diez años este Congreso, regaló por concepto de gasto tributario más de dos billones 250 mil millones de pesos.
Sufrimos lo mismo con el contrato de la empresa Lajum, en Duquesa, y el subsidio eléctrico, una estafa fiscal en complicidad con las empresas de generación eléctrica, la cual llegó en un solo año al monto de 1,350 millones de dólares, una tapadera para esconder unos contratos que nunca se licitaron, ni mucho menos fueron auditados por más de 10 años por la Cámara de Cuentas. Solo por este indecente fraude las administraciones de estos partidos nos empobrecieron con más de US$8,500 millones en bonos soberanos y más de 4,500 millones de dólares en deuda interna.
Recordamos a los colegas senadores que tres generadoras: Smith and Enron, Cogentric y Los Mina, se tragaron todos los beneficios de la producción hidroeléctrica del país, en el caso de Cogentric apagada, y en el caso de la Smith and Enron, del Grupo Rizek, desmantelada, por más de 20 años, fruto de la aberración política, la cual llevó al mercado eléctrico de 1998, de un subsidio de 200 millones de dólares a un subsidio de US$1350 millones en un solo año, con el país sufriendo prolongados y desastrosos apagones.
Miremos con detenimiento el 4% del PIB y el 16% del presupuesto, destinado a la educación, más de 20,000 millones de dólares con unos resultados que no pudieron ser peores. El sistema hospitalario y sanitario, en obras de reparación, sin que, hasta este momento, podamos presumir de una infraestructura hospitalaria, en consonancia con los montos consagrados en los presupuestos de los últimos 15 años.
Acabamos de pactar la rupturas de las cadenas de contratos de concesión de obras de infraestructura civiles, como la autovía de Samaná, un contrato que lastró las arcas nacionales en más de 50,000 millones de pesos, tanto por concepto de peaje sombra, como en los arbitrios de los usuarios.
Invito a nuestros compañeros colegas a que todos arrimemos el hombro en esta cruzada por la recuperación financiera, monetaria y fiscal del país, a fín de que, esta pieza de desarrollo, la convirtamos, claro está, con nuestro celo en la calidad del gasto, en un instrumento que construya bienes permanentes, para el disfrute del pueblo dominicano, en lugar de ser un medio indecente de enriquecimiento de políticos y empresarios.
