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Un tribunal condenó a cuatro personas, incluyendo a un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), por los delitos de falsificación de documentos públicos y privados por los que cobraban montos de entre 70,000 y 100,000 pesos, teniendo como lugares de operación Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, se informó este jueves.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados, cada uno, a 6 años de prisión; Yonel Raphael a tres años, al igual que Andys Hernández Rivera, empleado de la JCE, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, así como al pago de una multa de 20 salarios mínimos.
En este proceso además se ordenó el decomiso en favor del Estado dominicano de los equipos electrónicos incautados durante la investigación, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Los condenados se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad, incluyendo cédulas, actas de nacimientos, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego, así como carnets de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), títulos de Educación y de la Universidad del Caribe (Unicaribe).
Además, falsificaban visados de diferentes países, entre ellos, Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda), Honduras, entre otros de la región, otorgándoles a los nacionales haitianos y dominicanos identidades falsas.
La jueza del Distrito Judicial de Barahona, Fátima Cruz Estrella, impuso las condenas luego de acoger el procedimiento donde los acusados admitieron los hechos delictivos ante la contundencia de las pruebas.
El Ministerio Público llevó a cabo las investigaciones en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Civil y la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.
El inicio de esta investigación en el mes de enero del pasado año en la ciudad de Barahona se llevó a cabo a raíz del arresto de varios extranjeros que tenían en su poder documentos falsos obtenidos mediante el pago de las indicadas sumas de dinero.
En las investigaciones se determinó que dichos documentos estaban siendo expedidos por un grupo organizado cuyos líderes principales son Pablo Selmo De La Cruz, quien cumple prisión preventiva y está a la espera de su proceso, y Yonel Raphael y Modesto Alcántara (testigo en juicio abreviado), quienes trabajaban en asociación con José Alfredo de los Santos Gómez y Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, que operaban en los laboratorios de falsificación de documentos, así como el empleado de la Junta Central Electoral Andys Hernández, según la información oficial.
Esta labor de inteligencia e investigación ejecutada por la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dicrim tenía alrededor de un año, con un equipo desplegado en distintas zonas del sur, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
