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SANTO DOMINGO.- Desde 2018 hasta la fecha, el Estado dominicano ha tenido que desembolsar más de 9 582 millones de pesos para cumplir con sentencias judiciales en su contra. Este gasto, que equivale a un promedio de 1 368 millones de pesos por año o 114 millones de pesos mensuales, representa un impacto significativo sobre las finanzas públicas del país y pone en evidencia una crisis estructural en la gestión estatal de litigios, contratos y derechos ciudadanos.
Las condenas contra el Estado provienen de una amplia gama de causas legales: demandas por daños y perjuicios, expropiaciones mal ejecutadas (justiprecio), conflictos laborales y reclamaciones por honorarios profesionales. Cada una de estas sentencias refleja un conflicto previo no resuelto de forma adecuada por alguna institución pública, y se traduce en una obligación financiera que, en conjunto, drena los recursos del erario.
Algunas instituciones públicas han sido afectadas de manera reiterada por estas sentencias. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tuvo que pagar en 2024 más de 261 millones de pesos por solo dos fallos judiciales. En el caso de Bienes Nacionales, durante 2019 se desembolsaron más de 769 millones de pesos, una de las cifras más altas registradas por una sola entidad en ese período. El Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por su parte, realizó pagos superiores a 1 124 millones de pesos entre 2018 y 2021, en su mayoría por demandas relacionadas con expropiaciones mal gestionadas y daños a particulares.
El Ministerio de Interior y Policía encabeza la lista en términos de número de sentencias en su contra, acumulando al menos 26 casos que han terminado en condenas con obligaciones económicas. También figuran instituciones como la Autoridad Portuaria Dominicana, el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entre otras que, si bien no siempre encabezan los montos más altos, enfrentan múltiples procesos judiciales que se traducen en compromisos financieros sostenidos.
Más allá de los montos, uno de los problemas más graves es la morosidad del Estado en el cumplimiento de estas sentencias. Numerosos ciudadanos y empresas que han ganado litigios esperan durante años por la ejecución de los pagos correspondientes. Algunos casos emblemáticos demuestran esta situación de forma contundente: una ciudadana tuvo que esperar más de una década por la ejecución de una sentencia que le otorgaba 13 millones de pesos, mientras que otra demanda, con fallo firme desde 2006, no fue pagada hasta 2019. Estos retrasos no solo reflejan ineficiencia administrativa, sino que también generan costos adicionales para el Estado, como intereses acumulados o acciones legales posteriores.
Entre 2021 y 2024, la Dirección General de la Policía Nacional ha sido la entidad más condenada por acciones constitucionales de amparo, con pagos que superan los 20 millones de pesos. Estos casos, aunque con montos menores que otras sentencias civiles o administrativas, revelan un patrón de violaciones de derechos fundamentales que terminan siendo corregidas judicialmente y, una vez más, financiadas con dinero público.
Este comportamiento institucional plantea una serie de interrogantes sobre la capacidad del Estado para prevenir conflictos legales y manejar de forma adecuada los procesos administrativos. En muchos casos, las condenas surgen por negligencia, omisión o mala fe en la toma de decisiones, ya sea por no cumplir con procedimientos legales, realizar expropiaciones sin compensación justa, despedir personal sin las garantías correspondientes o incumplir contratos suscritos con terceros.
El impacto de esta situación sobre las finanzas públicas no es menor. Cada peso que el Estado debe destinar al pago de una sentencia es un peso que no se invierte en programas sociales, salud, educación o infraestructura. El fenómeno, aunque silencioso, representa una de las vías menos visibles pero más constantes de fuga de recursos públicos. El pago de sentencias no suele estar en la mira del debate público, pero año tras año consume una parte relevante del presupuesto de varias instituciones estatales.
Además del aspecto económico, se suma el efecto negativo sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Cuando una persona gana un caso en los tribunales y debe esperar años para recibir una compensación, la percepción de justicia y eficiencia se ve gravemente afectada. En muchos de estos casos, los beneficiarios son personas de escasos recursos o empresas pequeñas que dependen del cumplimiento oportuno del fallo para seguir adelante.
La alta cantidad de sentencias contra el Estado dominicano es reflejo de una crisis más profunda: la necesidad urgente de reformas institucionales que mejoren los procesos de contratación pública, manejo de recursos humanos, gestión de bienes inmuebles y resolución administrativa de conflictos. También es vital fortalecer la asesoría jurídica interna de las entidades públicas, así como establecer mecanismos de control más rigurosos para evitar que los errores de gestión terminen generando responsabilidades millonarias para el Estado.
La realidad actual es que los errores administrativos, la falta de previsión legal y la morosidad estatal tienen un costo alto y directo para el país. Y lo más preocupante es que ese costo lo terminan pagando todos los ciudadanos.
