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Santo Domingo.– Un juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra un hombre acusado de hacerse pasar por abogado y fiscal para presuntamente cometer estafas, chantajes y extorsiones contra varias personas.
Al imputado Enercido Amaurys Heredia González le fue impuesta una garantía económica de RD$400 mil mediante una compañía aseguradora, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.
La decisión fue tomada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
De acuerdo con las investigaciones, Heredia González habría operado durante al menos dos años un esquema fraudulento en el que se hacía pasar por abogado y fiscal activo del Ministerio Público para engañar a sus víctimas.
El Ministerio Público explicó que el imputado utilizaba un número de WhatsApp con el logo oficial de la institución como foto de perfil, desde donde enviaba citaciones falsas relacionadas con supuestos casos criminales, especialmente homicidios, con el objetivo de cobrar dinero por servicios legales inexistentes y realizar extorsiones bajo amenazas de arresto.
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Las autoridades indicaron que al menos cuatro personas han sido identificadas como víctimas directas del esquema, registrándose pérdidas económicas de decenas de miles de pesos, además de un intento de extorsión por RD$150 mil.
Según el expediente, el acusado se presentaba ante conocidos afirmando que ya era abogado y ofrecía gestionar procesos legales a cambio de pagos en pesos y dólares, pese a que no posee título profesional y figura únicamente como estudiante activo de Derecho en una universidad del país.
El imputado fue arrestado en flagrante delito dentro de las instalaciones del Ministerio Público el pasado 29 de abril, mientras presuntamente presionaba a una de las víctimas para recibir dinero relacionado con supuestos honorarios legales.
El Ministerio Público lo acusa de estafa, usurpación de funciones y delitos de alta tecnología.
