Buenos Aires, Argentina.- El economista libertario Javier Milei, quien asumirá la Presidencia de Argentina el próximo 10 de diciembre, ha prometido un cambio radical en el rumbo de la política económica de su país, cuyos severos desequilibrios le plantean colosales desafíos de gestión.
Uno de estos es suspender las obras públicas, las cuales dejará en manos del sector privado, incluidas aquellas que ya están en ejecución.
1. Desaguisado cambiario
Milei ha propuesto dolarizar la economía como solución a los severos desequilibrios macroeconómicos que arrastra el país.
Sin embargo, su plan se topa con un escenario de base que compromete la viabilidad de su propuesta.
El Banco Central tiene reservas netas negativas (-10.000 millones de dólares, según cálculos privados) insuficientes para dolarizar pero, además, para sostener el actual tipo de cambio oficial, con una brecha del 180 % respecto a la cotización paralela del dólar.
Si Milei desmonta sin más el intrincado «cepo» cambiario -restricciones al acceso a divisas que el libertario ha prometido erradicar-, es incierta la magnitud de la corrección cambiaria que sobrevendría y su inmediato efecto inflacionario.
2. Riesgo de hiperinflación
Milei ha dicho ser consciente de la peligrosa dinámica que ya tienen los precios, que se ubicaron en el 142,7 % interanual en octubre, con una gran distorsión de precios e, incluso, muchas tarifas públicas atrasadas que en algún momento aumentarán.
Admitió que un escenario de hiperinflación es posible si no aplica con eficacia un plan de estabilización. Su idea es, a mediano plazo, lograr dominar la inercia inflacionaria mediante la disciplina fiscal y, finalmente, el cierre del Banco Central, cuya emisión monetaria es, a su juicio, la responsable de la inflación y que ya no será necesaria una vez dolarizada la economía.
Pero admitió que, una vez erradicada la emisión monetaria, la inflación seguirá por 18 a 24 meses más.
3. Ajuste «de shock»
Milei ha prometido aplicar un ajuste «de shock», recortando drásticamente el gasto público mediante la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de subsidios a, entre otras cosas, los servicios públicos, y el fin de la inversión estatal en obras públicas.
Su objetivo es lograr el equilibrio fiscal en 2024, un meta ambiciosa y que podría encontrar su límite en la delicada situación social que vive Argentina, con un 40,1 % de pobreza, casi un 10 % de indigencia y salarios minados por la inflación, un escenario con poco margen para ajustes fuertes.
4. Privatizaciones
Como parte de su ideario de un Estado reducido a su mínima expresión, Milei ha afirmado su intención de que el Estado se desprenda de su posición accionarial mayoritaria en YPF, una sociedad anónima que cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York y que es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, con un rol estratégico en el dinámico sector energético.
No ha precisado cómo ni en qué plazos piensa llevar adelante ese plan, ni tampoco ha detallado cómo se instrumentaría su propuesta de que la estatal Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera del país suramericano, pase a ser controlada por sus trabajadores, como ha sugerido en algún momento de campaña.
5. Pesado endeudamiento
Un desafío inmediato para Milei será sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo al que Argentina adeuda unos 46.000 millones de dólares.
Milei entiende que el acuerdo de refinanciación firmado en 2022 con el FMI está «caído» toda vez que Argentina ha incumplido las metas de fiscales, de acumulación de reservas y de tope a la financiación del Tesoro por parte del Banco Central establecidas en ese pacto y cuyo cumplimiento es condición para que el Fondo gire trimestralmente desembolsos que, a su vez, permiten al país pagar los vencimientos con el organismo y no caer en mora.
El mandatario electo advirtió de que la cuestión no se limita al endeudamiento con el FMI y que es «un problema a punto de explotar» que incluye vencimientos el año que viene de deuda en moneda argentina por el equivalente a 90.000 millones de dólares, compromisos con organismos multilaterales por 20.000 millones y deudas con importadores por 30.000 millones.
