La morosidad de los empleadores con la Caja de Seguro Social (CSS) volvió a crecer durante el primer semestre de 2026. Al cierre de junio, 29,148 patronos mantenían pendientes $301.9 millones en cuotas cuota obrero-patronal y otros conceptos asociados, una deuda que afecta directamente el financiamiento de las prestaciones de salud, maternidad, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores.
En diciembre de 2025, la institución contabilizaba 28,964 empleadores morosos y una deuda de $279.47 millones. En seis meses se incorporaron 184 nuevos patronos, un aumento de 0.64%, mientras el monto pendiente creció en $22.42 millones, equivalente a 8.02%.
La deuda avanzó mucho más rápido que la cantidad de empresas incluidas en el listado, lo que refleja un incremento del saldo promedio acumulado por cada empleador.
La provincia de Panamá concentra la mayor parte del problema, con 18,537 patronos y obligaciones por $196.71 millones, alrededor del 65% del saldo nacional. Le siguen Chiriquí, con 3,080 empleadores y $30.24 millones; Colón, con 1,590 y $24.27 millones; y Panamá Oeste, donde 2,885 patronos adeudan $18.61 millones.
La provincia de Panamá concentra la mayor parte de la morosidad patronal, con casi dos terceras partes del saldo pendiente reportado por la CSS.
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Los Santos registra $9.07 millones; Coclé, $8.19 millones; Herrera, $5.65 millones; Veraguas, $4.70 millones; Bocas del Toro, $4.13 millones; y Darién, $285,661. Aunque algunas provincias presentan menos empleadores, los montos pueden estar influidos por la antigüedad de las obligaciones, recargos, intereses y deudas de instituciones públicas.
La cuota cuota obrero-patronal está compuesta por el dinero descontado mensualmente al trabajador y el aporte adicional que corresponde al patrono. El empleador actúa como retenedor: descuenta la parte del asalariado, agrega su contribución y debe transferir ambas a la CSS dentro del plazo establecido.
No hacerlo significa que conserva recursos que ya fueron descontados del ingreso del trabajador.
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La Ley 462 establece actualmente una cuota equivalente al 9.75% del salario para los empleados y al 13.25% para los empleadores, esta última vigente hasta febrero de 2027.
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El aporte patronal subirá a 14.25% desde marzo de 2027 y a 15.25% a partir de marzo de 2029. Sobre las partidas del décimo tercer mes se aplican contribuciones especiales de 7.25% para el trabajador y 10.75% para el patrono.
La cuota obrero-patronal financia prestaciones como atención médica, maternidad, invalidez, jubilaciones y pensiones por sobrevivencia, además de otros programas administrados por la CSS. Cortesía
Estos recursos son esenciales porque financian las coberturas y prestaciones reconocidas por la seguridad social. Cuando un patrono no reporta correctamente los salarios o deja de transferir las cuotas, puede afectar la acreditación de las cotizaciones necesarias para que el trabajador acceda a subsidios, atención médica y, posteriormente, a una pensión.
La revisión de la condición de los expedientes muestra que la mayor parte de los casos continúa en la etapa administrativa. Un total de 21,025 empleadores no mantiene convenio de pago y acumula $94.34 millones. Otros 788 patronos alcanzaron acuerdos administrativos y mantienen obligaciones por $9.38 millones.
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En la etapa de cobro por jurisdicción coactiva aparecen 6,955 empleadores sin arreglo de pago, equivalentes al 23.9% del total, pero concentran $170.64 millones, más de la mitad de toda la deuda. Otros 147 patronos tienen acuerdos de pago dentro de esa instancia y adeudan $1.55 millones.
También figuran 197 instituciones gubernamentales con compromisos por $16.33 millones; otras 16 entidades públicas mantienen convenios administrativos por $915,098; y 20 instituciones gubernamentales fueron remitidas a jurisdicción coactiva, con obligaciones por $8.72 millones.
Miles de empleadores permanecen en procesos de cobro administrativo y jurisdicción coactiva por incumplir con la transferencia de las cuotas a la CSS.
La vía administrativa corresponde a la gestión ordinaria que realiza la CSS para recuperar obligaciones dentro de los plazos legales, sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial. La jurisdicción coactiva permite a la institución ejecutar el cobro, incluyendo multas, recargos e intereses, sin acudir a los tribunales ordinarios.
Separadamente, la CSS mantiene un listado de empleadores enviados a condición de incobrables, ya sea porque fueron remitidos desde los juzgados ejecutores o porque fueron procesados por la Unidad de Análisis y Depuración de la Morosidad.
El documento actualizado a junio contiene 18,083 registros, con obligaciones que suman aproximadamente $95.1 millones. De ese total, 7,934 casos remitidos desde juzgados ejecutores representan $58.1 millones, mientras 10,149 registros procesados por la unidad especializada acumulan $36.96 millones.
La condición de incobrable no equivale automáticamente a la eliminación de la deuda, pero indica que existen serias dificultades para recuperarla, entre ellas empresas desaparecidas, personas sin bienes localizables, cierres antiguos o expedientes cuya ejecución no produjo a .
Ese saldo representa casi una tercera parte de la morosidad reportada a junio y expone la dimensión de recursos que difícilmente volverán a ingresar a la seguridad social.
El crecimiento de la deuda en apenas seis meses deja una señal incómoda: la CSS no solo enfrenta el reto de recuperar obligaciones históricas, sino también de impedir que nuevos saldos continúen acumulándose. En una institución presionada por los costos de salud y pensiones, cada cuota retenida y no transferida termina convirtiéndose en dinero que falta donde más se necesita.
