English
Londres.- Los abogados de la parte de Juan Guaidó en el caso por el control del oro de Venezuela depositado en Inglaterra sostuvieron este martes que la Justicia británica ha de aceptar "sin cuestionar" los actos y nombramientos del líder opositor dado que ha sido reconocido por el Gobierno de Londres como jefe del Estado venezolano.
En la segunda vista de un recurso ante el Tribunal Supremo - máxima instancia judicial británica -, el letrado Andrew Fulton argumentó que, en virtud de la doctrina sobre Actos de un Estado foráneo, los jueces ingleses "no deben investigar" la legalidad de las decisiones tomadas por gobernantes extranjeros en sus territorios.
Así, en su opinión, la Justicia británica debe dar por buenos los nombramientos de Guaidó para su junta "ad hoc" del Banco Central de Venezuela (BCV) -que ahora reclama el acceso al oro-, aunque estos fueran invalidados por el Tribunal Supremo de Caracas.
Por su parte, Nick Vineall, abogado de la junta del BCV nombrada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuestiona el "estatus constitucional" en este litigio de Guaidó, que en enero cesó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana al no presentarse a las elecciones de 2020 en su país.
Su bufete advierte de que entregar el oro a la parte de Guaidó sin más indagación podría dañar la reputación del Banco de Inglaterra y del Reino Unido como custodio de activos extranjeros.
La junta del BCV nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, quiere acceder a oro por valor de 1.000 millones de euros para transferirlos a la ONU a fin de adquirir equipamiento contra la pandemia, lo que trata de impedir la junta paralela del dirigente opositor.
En la sesión matinal de este martes ante el Supremo intervino también James Eadie, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores británico, que confirmó la posición "clara y sin ambigüedades" adelantada ayer de que el Ejecutivo del Reino Unido reconoce solo a Guaidó, y no a Maduro, como jefe del Estado de Venezuela y sus competencias para actuar como tal.
El dictamen del Supremo, que debe aclarar varios puntos legales, servirá para que eventualmente el Tribunal Superior decida a quién autoriza para acceder al oro.
