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Un grupo de 117 surcoreanas presentaron una demanda que acusa directamente, por primera vez, al Ejército de Estados Unidos de promover ilegalmente la prostitución y de ser el "verdadero culpable" de décadas de explotación sexual y abusos sistemáticos, explicó este jueves a EFE la directora de una ONG involucrada.
Las demandantes, antiguas trabajadoras sexuales en zonas cercanas a bases militares estadounidenses en Corea del Sur, reclaman indemnizaciones individuales de 10 millones de wones (7.190 dólares) y el reconocimiento oficial de que las autoridades militares de EE. UU. orquestaron un sistema que operó desde la década de 1950.
La demanda también incluye al Gobierno surcoreano, ya que las bases estadounidenses fueron gestionadas de forma conjunta por el Gobierno surcoreano y las fuerzas de EE. UU., a petición de la parte estadounidense, según el comunicado de prensa de las demandantes.
El documento acusa a ambas partes de haber tolerado e impulsado la prostitución, imponiendo controles de enfermedades venéreas mediante detenciones arbitrarias y tratamientos médicos coercitivos, que en algunos casos resultaron mortales.
Algunas de las "mujeres de consuelo", un eufemismo comúnmente utilizado en Corea del Sur para referirse a estas víctimas de explotación, denunciaron que fueron traficadas con fines de entretenimiento sexual de los soldados estadounidenses, y una gran parte eran menores de edad.
"Este juicio debe servir para visibilizar ante la comunidad internacional los actos ilegales y la explotación sexual estructural ejercida por las tropas estadounidenses. La historia de mujeres y niñas explotadas por Estados y ejércitos debe erradicarse", explicó a EFE Ko Mira, directora de la ONG Saeumteo, parte de la coalición que respalda la demanda.
En 2022 el Tribunal Supremo surcoreano ya condenó al Gobierno del país asiático a compensar a decenas de víctimas. Sin embargo, según Ko, ese fallo solo reconoció parcialmente la responsabilidad estatal.
"Vemos altas posibilidades de que el tribunal falle a favor de las demandantes, porque en el litigio previo ya se reconoció la responsabilidad del Estado surcoreano y existen actas oficiales que prueban la intervención de las autoridades militares estadounidenses", dijo Ko.
La coalición de organizaciones civiles que respalda la querella considera que el proceso va más allá de las compensaciones individuales.
"Las mujeres dicen una y otra vez que el verdadero culpable fue Estados Unidos y las bases militares. Esta es la primera demanda histórica que plantea su responsabilidad directa", añadió.
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El proceso podría alargarse durante años, dijo, como ocurrió con casos anteriores. Sin embargo, las demandantes, muchas de ellas de edad avanzada, insisten en que el Ejército estadounidense debe reconocer cuanto antes sus actos ilegales, disculparse y reparar su sufrimiento.
El proceso debe tramitarse ante el Tribunal Central de Seúl, ya que bajo el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas en Corea del Sur (SOFA) las reclamaciones derivadas de actos de militares estadounidenses en servicio deben procesarse según la legislación surcoreana, con el país asiático como parte demandada.
