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Kabul.- El Gobierno de facto talibán en Afganistán emitió una nueva ley que autoriza el matrimonio infantil y que describe las circunstancias en las que esos matrimonios pueden ser anulados tras la pubertad, confirmó el Ejecutivo a EFE este lunes.
Según la copia de la ley facilitada por el Ministerio de Justicia, si "un pariente distinto del padre o del abuelo concertara el contrato matrimonial de un niño o una niña menores de edad (…) con una pareja compatible y con una dote adecuada", el matrimonio "se considerará válido".
Esa condición de compatibilidad social, según la ley, se refiere a la "igualdad del marido con la mujer en términos de linaje, origen familiar, religión, edad y otras características".
El reglamento, firmado el pasado viernes, establece también que los menores tendrán derecho a solicitar la cancelación del matrimonio una vez lleguen a la pubertad, pero que "dicha anulación solo podrá tener lugar mediante resolución judicial".
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Ese derecho a la anulación no es igual entre niños y niñas: la ley establece que el "silencio" de una niña al alcanzar la pubertad equivale un consentimiento sobre la continuidad del matrimonio, no siendo así para los niños o las mujeres que hayan estado casadas.
"La opción de una joven virgen queda invalidada por el silencio", indica el texto.
El artículo 8 aborda lo que describe como abuso de autoridad por parte de un padre o abuelo que actúa como tutor. Afirma que si un padre o abuelo casa a una hija o nieta menor de edad "sin actuar con compasión o de manera apropiada hacia ella", la joven podrá, al alcanzar la pubertad, solicitar la anulación del matrimonio ante los tribunales.
El mismo artículo establece además que si un padre o un abuelo "es conocido por su conducta inmoral o abuso de autoridad" y casa a una niña con una "persona no compatible" o le impone una "dote manifiestamente injusta", entonces el matrimonio no se considerará válido.
Desde la toma de Kabul en agosto de 2021, los talibanes han impuesto leyes y códigos que subyugan a las mujeres a sus esposos y familiares, confinándolas cada vez más a sus hogares, en violación de los derechos humanos.
En enero, los gobernantes de facto en Afganistán aprobaron un código judicial que clasifica a la sociedad en cuatro categorías y establece castigos diferenciados según el estatus social del acusado, reservando las penas de prisión y latigazos para las clases bajas y simples "advertencias" para la élite y los clérigos.
