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Washington.- Un gran número de cargos del Partido Republicano consideraron este jueves que la imputación del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) es una "caza de brujas" y advirtieron de que la población estadounidense "no la tolerará".
"La población estadounidense no tolerará esta injusticia, y la Cámara de Representantes pedirá cuentas a (el fiscal) Alvin Bragg y su abuso de poder sin precedentes", dijo el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy.
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Para el legislador conservador, el fiscal "ha dañado de forma irreparable el país en un intento por interferir en la elección presidencial".
El senador Lindsey Graham, aliado de Trump e involucrado en otro de los casos legales del expresidente -el del intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia- también criticó la imputación.
Graham, que tuvo una conversación por teléfono con Trump después de conocerse la noticia, aseguró en una entrevista recogida por The Washington Post que el exmandatario le dijo que "están usando la ley como un arma", algo con lo que el senador se mostró de acuerdo.
Sin embargo, se desmarcó de la idea de convocar protestas por la imputación, algo que el propio exmandatario hizo hace poco más de una semana cuando avanzó que esperaba ser arrestado.
La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, coincidió en que se trata de una decisión con motivaciones políticas.
"Cuando nuestro sistema de justicia se utiliza como herramienta política, nos pone a todos en peligro. Este es un flagrante abuso de poder por parte de un fiscal de distrito enfocado en la venganza política en lugar de en mantener a las personas a salvo", dijo en Twitter.
Para el legislador conservador Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, lo sucedido es simplemente "escandaloso", según publicó en Twitter.
El presidente de la conferencia política de acción conservadora CPAC, Matt Schlapp, calificó la decisión de la fiscalía de Nueva York de un "abuso de poder".
"La persecución y la nueva acusación al presidente Trump es una violación escandalosa de las normas constitucionales y una continuación de un una persecución política demente", escribió Schlapp en un comunicado.
Quien no se ha pronunciado de momento a la noticia es el líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, principal figura de la oposición a Trump dentro del Partido Republicano y frecuente objeto de críticas del expresidente.
Los demócratas, por su parte, insistieron en que "nadie está por encima de la ley", tal y como afirmó en un comunicado el congresista demócrata Jamaal Bowman.
Ser imputado por falsificar registros empresariales, en su opinión, "es solo el principio de la rendición de cuentas por sus delitos"; entre ellos, "intentar revertir ilegalmente los resultados de las elecciones en Georgia e incitar a la insurrección del Capitolio, ambos en un esfuerzo por derrocar el Gobierno para hacer avanzar su causa fascista".
El presidente del Senado, Chuck Schumer, hizo un llamamiento a que se evite la interferencia política o la intimidación en el caso, y recordó que el exmandatario republicano está sujeto "a las mismas leyes que cualquier estadounidense", según un comunicado de su oficina.
El secretario de prensa del Comité Nacional Demócrata, Ammar Moussa, reprochó además que sin importar lo que suceda en los próximos procedimientos legales, el partido permanezca "bajo el control" de Trump y de los MAGA, acrónimo del lema "Make America Great Again" (Hacer Estados Unidos grande de nuevo) que el expresidente usó en su primera campaña electoral y con el que se conoce a sus fieles.
"Continuaremos responsabilizando a Trump y a todos los candidatos republicanos por la agenda extremista de tendencia MAGA que incluye prohibir el aborto, recortar el Seguro Social y el Medicare, y socavar las elecciones libres y justas", añadió en un comunicado.
Trump fue imputado este jueves por parte de un gran jurado por el pago para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016. Se trata de la primera imputación por delitos criminales a un expresidente estadounidense.
