English
Santo Domingo. – Un anteproyecto de ley que regula la libertad de expresión y los medios digitales fue depositado en el Senado de la República por el Poder Ejecutivo, a través del consultor jurídico Antoliano Peralta, y ha causado controversia por proponer la creación de un Registro Nacional de Comunicadores, en el cual deberán inscribirse periodistas, comunicadores sociales, influencers y creadores de contenido digital que difundan información de forma sistemática al público.
La medida aplicaría no solo a medios tradicionales como prensa, radio y televisión, sino también a plataformas digitales, canales de YouTube, blogs y perfiles de redes sociales con amplia audiencia. De ser aprobada, quienes no estén registrados no podrían ejercer legalmente sus funciones de comunicación pública.
Te puede interesar: Gobierno propone creación del Instituto Nacional de Derechos a la Información y la Comunicación
El anteproyecto también contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un órgano con atribuciones para supervisar, regular y sancionar a los medios y comunicadores, así como establecer normas de operación, códigos de ética y procedimientos técnicos.
En defensa de la iniciativa, Antoliano Peralta recordó que en junio de 2022 el presidente Luis Abinader conformó una comisión de expertos para la elaboración del anteproyecto. La comisión estuvo integrada por Namphi Rodríguez (director ejecutivo), Miguel Franjul, Inés Aizpún, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora (Huchi), Edith Febles, Eric Raful, Hermógenes Acosta, Miguel Ángel Prestol, Jimena Conde, Aurelio Henríquez, Elvira Lora y Gabriela Beltré.
Según explicó, el primer borrador fue debatido, estudiado y modificado para adecuarse al marco jurídico nacional. La versión final fue remitida al presidente de la República el 24 de abril de 2025 y posteriormente depositada en el Congreso Nacional, cumpliendo con el compromiso del gobierno de promover reformas para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho.
No obstante, organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa han alertado sobre el riesgo de que esta legislación se convierta en un instrumento de censura y control político. “Obligar a comunicadores e influencers a inscribirse para ejercer es una forma de regular la opinión y limitar la libertad de expresión en el entorno digital”, advirtieron.
