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Santo Domingo.– Un grupo de contratistas acudió este martes a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para denunciar que han desaparecido documentos clave en varias instituciones del Estado, lo que les impide cobrar trabajos ya realizados.
Los denunciantes forman parte del Comité Institucional Codiano (CIC), una organización que representa a contratistas a los que el Gobierno les debe alrededor de RD$390 millones por obras terminadas y entregadas hace años, pero que siguen sin pagar.
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La comisión, integrada por el arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Félix Michelli y Miguel Liberato, asegura que la falta de documentos ha afectado a 92 contratistas, incluyendo 11 que ya han fallecido, y cuyas familias no han podido cobrar los RD$54 millones que les corresponden.
“El problema es que varias instituciones dicen que no tienen los documentos que ellas mismas generaron, y sin esos papeles el Ministerio de Hacienda no puede procesar los pagos”, explicó Emiliano Familia.
Según el CIC, esto podría ser un caso grave de negligencia, encubrimiento o incluso sabotaje.
“No es cualquier cosa. Estos documentos estaban bajo responsabilidad de funcionarios públicos. Que se pierdan o los hagan desaparecer podría ser un delito”, afirmaron en el documento depositado.
Los contratistas dicen que muchos de ellos tuvieron que invertir de su propio bolsillo para cumplir con los trabajos, y que ahora están atrapados en un limbo legal y económico. También advierten que la pérdida de estos documentos no solo afecta sus derechos como contratistas, sino que daña la confianza del pueblo en las instituciones públicas.
Como prueba, el Comité entregó una lista con 52 casos específicos que han sido reconocidos por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), donde se admite que faltan archivos esenciales para procesar los pagos.
Finalmente, pidieron a la Pepca investigar a fondo y determinar quiénes son los responsables de la desaparición de estos documentos, amparándose en leyes como el Código Penal y la Constitución.
