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Santo Domingo.– A propósito de la reciente promulgación de la Ley 16-26, que busca regularizar y saldar deudas históricas con contratistas del Estado, juristas que representan a un grupo de proveedores hicieron un llamado urgente al Gobierno para que se proceda al pago inmediato de compromisos que, según afirman, ya cuentan con sentencias definitivas.
Los abogados Luis Ricardo y Erick Morrobel señalaron que, aunque la nueva legislación representa un avance en la solución de pasivos administrativos acumulados de gestiones anteriores, el Estado dominicano mantiene una mora injustificada frente a fallos judiciales que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Indicaron que someter decisiones judiciales firmes a nuevos procesos de revisión o auditoría por parte de la Comisión Especial del Ministerio de Hacienda podría constituir una vulneración al principio de separación de poderes establecido en la Constitución, al entender que dichas obligaciones no requieren validaciones adicionales, sino su ejecución mediante la asignación de fondos.
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Asimismo, advirtieron sobre lo que califican como una “paradoja tributaria”, al señalar que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) exige certificaciones fiscales actualizadas a contratistas que, a su vez, no pueden cumplir con esas obligaciones debido a la falta de pago por parte del propio Estado.
En ese sentido, solicitaron la intervención del Poder Ejecutivo para que se evalúe la posibilidad de mecanismos de compensación de deudas tributarias o la emisión de dispensas especiales para los acreedores afectados.
Los juristas también propusieron la creación de una mesa de trabajo entre congresistas y autoridades del área financiera, con el objetivo de establecer soluciones administrativas que eviten la judicialización constante de estos casos y permitan agilizar los procesos de pago.
Plantearon además que dicho mecanismo podría contribuir a descongestionar el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y reducir la carga de litigios contra instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVHED), entre otras entidades contratantes.
Finalmente, los representantes legales afirmaron que detrás de los montos adeudados existen afectaciones económicas y sociales que impactan a cientos de familias, por lo que reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades para definir una hoja de ruta que garantice el cumplimiento de las obligaciones del Estado y la estabilidad del sistema de contratación pública.
