Santo Domingo.– El Defensor del Pueblo, en coordinación con la Universidad APEC (UNAPEC), realizó un conversatorio sobre el nuevo Código Penal, con la participación de juristas y académicos, donde se abordaron los retos que implica su entrada en vigencia y la necesidad de evaluar su aplicación práctica.
Durante el encuentro, el titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que la promulgación de la nueva normativa representa el cierre de un extenso proceso democrático y el inicio de una etapa enfocada en su implementación, análisis y perfeccionamiento institucional.
Ulloa sostuvo que el país atraviesa un momento que requiere «serenidad, sentido histórico y responsabilidad de Estado», al tiempo que llamó a respetar las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
«Promulgar el Código Penal no significa cerrar el debate, sino trasladarlo responsablemente al terreno de la aplicación práctica, la evaluación y el perfeccionamiento institucional», expresó.
El Defensor del Pueblo señaló que ninguna legislación es definitiva ni está exenta de aspectos que puedan ser mejorados, pero consideró que una democracia fortalecida debe permitir que las normas entren en funcionamiento y sean evaluadas con base en la experiencia.
Como parte de las propuestas surgidas en el conversatorio, planteó al Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral Especial para dar seguimiento a la implementación del Código Penal. Explicó que este equipo debería estar integrado por especialistas en derecho penal, procesal penal, constitucional, técnica legislativa y representantes de las instituciones vinculadas al sistema de justicia.
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Indicó que, luego de los primeros 90 días de aplicación, dicha comisión podría presentar un informe técnico al país y, de ser necesario, impulsar modificaciones legislativas para fortalecer tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal.
«Corregir una ley a partir de la evidencia no debilita al legislador, sino que fortalece la democracia», afirmó Ulloa.
Por su parte, el rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, destacó que la universidad abrió este espacio de discusión por tratarse de una reforma de gran impacto para el sistema judicial dominicano.
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Pérez Vega resaltó que el conversatorio permitió analizar aspectos relevantes de la nueva legislación, como el aumento de penas, la creación de nuevos tipos penales, la responsabilidad de las personas jurídicas y el fortalecimiento de las sanciones contra la corrupción y otros delitos.
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«Estos espacios permiten a estudiantes, docentes, profesionales del Derecho y a la ciudadanía acceder a análisis de alto nivel sobre una reforma que tendrá un impacto significativo en el sistema judicial dominicano», expresó el rector.
Asimismo, reafirmó el compromiso de UNAPEC de continuar promoviendo debates académicos sobre temas de importancia nacional y regional, orientados al fortalecimiento del Estado de derecho y la formación jurídica.
En el panel participaron el abogado litigante Miguel Valerio; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); la magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; Harold Modesto, profesor de Derecho Penal de UNAPEC; y Ricardo Rojas León, jurista y catedrático.
El encuentro fue moderado por Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de UNAPEC y coordinador del Código Penal Comentado que publica la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
