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Sánchez, Samaná.– Decenas de jóvenes auxiliares de enfermería, egresadas del Instituto Técnico Profesional de Salud FUCAC en el municipio de Sánchez, han alzado su voz de protesta ante lo que califican como una gestión injusta y excluyente de sus expedientes ante el Ministerio de Salud Pública.
Las denunciantes aseguran que, a pesar de haber concluido sus estudios hace más de tres años, se encuentran en un “limbo laboral”, debido a que la institución no ha tramitado de manera equitativa la solicitud para el Examen Único, requisito indispensable para obtener el aval del Estado y poder ejercer legalmente su profesión.
Puntos clave de la denuncia:
Diplomas sin validez práctica: Las egresadas manifiestan que los títulos recibidos son, hasta el momento, “documentos desechables”, ya que no pueden trabajar en el sector salud sin el examen que debe gestionar el instituto.
Favoritismo en los listados: Según las afectadas, el FUCAC está enviando las solicitudes de examen al Ministerio de Salud Pública bajo criterios de preferencia personal y no por orden de antigüedad. Denuncian que estudiantes graduadas recientemente en el año 2025 ya han tomado el examen, mientras que promociones de años anteriores (2022-2023) siguen esperando.
Inhabilitación laboral: Esta situación ha dejado a decenas de mujeres capacitadas fuera del mercado laboral, afectando su sustento económico y profesional.
“Exigimos que el FUCAC y la Dra. Isabel Medina, responsable de este proceso, actúen con transparencia. No es justo que quienes nos graduamos hace años sigamos bloqueadas mientras se les da prioridad a grupos recientes por puro favoritismo”, expresaron las afectadas.
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Llamado a la acción
Las egresadas de la promoción 2023 y años anteriores hacen un llamado enérgico a la directiva del Instituto FUCAC para que regularice los listados respetando el orden cronológico de egreso.
Asimismo, solicitan la intervención de las autoridades competentes del Ministerio de Salud Pública para supervisar cómo se están manejando estas solicitudes en el municipio de Sánchez.
De no recibir una respuesta concreta y una fecha para la integración de sus expedientes en los próximos listados oficiales, las afectadas no descartan iniciar acciones legales o movilizaciones pacíficas para defender su derecho al trabajo.
