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Santo Domingo.- El Ministerio Público ha presentado más de 300 de los más de 430 testigos que sustentan la acusación contra la presunta red que integraron los generales Julio Camilo de los Santos Viola, Adán Cáceres Silvestre y otros oficiales policiales y militares que supuestamente estafaron al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ofreció la información tras concluir la audiencia de este jueves en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dijo la Procuraduría General de la República en un comunicado.
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En la audiencia el órgano acusador finalizó el interrogatorio al perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) responsable del informe financiero que fue incorporado como prueba.
Dicho informe evidenció "múltiples transacciones destinadas a ocultar fondos públicos sustraídos y la adquisición de bienes inmuebles" por parte de los imputados.
Pérez Fulcar resaltó que las defensas de los acusados De los Santos Viola y Cáceres Silvestre fracasaron en su intento de restar méritos al peritaje, ya que fue autenticado e incorporado al tribunal para su valoración en este caso por corrupción administrativa con el mayor número de testigos hasta la fecha.
"Se demostró que De los Santos Viola adquirió más de 20 propiedades inmobiliarias entre 2018 y 2021, y que los ingresos de Adán Cáceres Silvestre no alcanzaban ni siquiera para cubrir las cuotas de los préstamos que asumía. Esos pagos eran realizados por Rafael Núñez de Aza, gerente financiero de la institución", explicó el fiscal Pérez Fulcar.
El tribunal recesó la audiencia hasta el martes 13 de mayo, a las 9:00 de la mañana, cuando el Ministerio Público continuará con la reproducción de pruebas, con el objetivo de obtener condenas ejemplares.
De acuerdo con la Pepca, el grupo de acusados, encabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, apropiándose del resto.
Entre los imputados de la red desmantelada con la Operación Coral y la Operación Coral 5G también figuran el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alias la Pastora; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel Rafael Núñez de Aza; el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz; el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola, y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
