Santiago.-El Ministerio Público depositó ante el Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación XL526, una investigación que desmanteló una presunta red criminal dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos, mientras abogados de los detenidos denuncian supuestas irregularidades y obstáculos para ejercer la defensa.
De acuerdo con la acusación preliminar, la estructura operaba desde el distrito municipal de San Francisco de Jacagua y utilizaba amenazas, herramientas tecnológicas y hasta la simulación de pertenecer a carteles de drogas para intimidar y extorsionar a ciudadanos estadounidenses, generando beneficios económicos ilícitos que posteriormente eran blanqueados a través de distintas operaciones.
El expediente señala como presuntos cabecillas de la organización a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. Además, figuran otros imputados identificados como miembros operativos de la alegada red criminal.
Mientras el Ministerio Público avanza en la consolidación del expediente, abogados de la defensa aseguraron que aún no han sido notificados formalmente de la solicitud de coerción ni han tenido acceso completo a las pruebas que sustentan la acusación.
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El abogado Kilvio González, representante legal de Danny Rafael Laguar Ferreira, rechazó la vinculación de su cliente con la supuesta organización y afirmó que demostrarán su inocencia durante el proceso judicial.
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“Entendemos que en su debido momento vamos a probar que no tiene absolutamente nada que ver con esta situación”, expresó González, quien además indicó que, según informaciones extraoficiales, el Ministerio Público estaría solicitando prisión preventiva para al menos 11 de los 20 detenidos.
La defensa también cuestionó las limitaciones para comunicarse con los imputados. González afirmó que no pudo reunirse adecuadamente con su representado debido a restricciones en el centro de detención.
Asimismo, el abogado José Reynoso García denunció presuntas violaciones al debido proceso, alegando que los detenidos fueron trasladados entre distintos centros de reclusión, dificultando el acceso de los abogados y el conocimiento oportuno de las imputaciones.
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“El sistema de justicia no puede violentar los plazos establecidos por la ley , porque ese tiempo es fundamental para preparar la defensa de los ciudadanos imputados”, manifestó.
La Operación XL526 fue ejecutada de manera simultánea en las provincias Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar la estructura criminal.
Las autoridades sostienen que la red mantenía un esquema sofisticado de fraude transnacional enfocado en ciudadanos estadounidenses.
Se espera que en las próximas horas el Tribunal de Atención Permanente de Santiago fije la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción, en un caso que pone bajo la lupa las operaciones de ciberdelincuencia y extorsión internacional que, según las investigaciones, tenían como centro de operaciones comunidades de la región Norte del país.
