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Santo Domingo.- El reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas en materia electoral ha generado tensiones políticas entre los partidos de oposición, principalmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos dirigentes cuestionan el contexto de la medida adoptada por el organismo electoral.
Tras la postura del presidente de esa organización politica, Danilo Medina, quien consideró "sumamente sospechoso" que la JCE prohíba encuestas ahora, legisladores indicaron que pese a que la regulación es necesaria considerando lo que establece la Ley 33-18 de partidos, pareciera una presión del Gobierno para ocultar su declive de cara a las elecciones en 2028.
En ese sentido, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, cuestionó la "permisividad" mostrada por el presidente de la Junta, Román Jáquez Liranzo, frente a otros aspectos de la campaña política a destiempo y afirmó que ahora, cuando las encuestas no favorecen al partido de Gobierno, se decide establecer una prohibición sobre su publicación.
"Yo no sé por qué diablos hoy que las encuestas comienzan a ver el deterioro del partido de Gobierno, hoy que las encuestas empiezan a ver el deterioro de Leonel Fernández, no quiere que se publiquen, ¿a quien tu respondes Román?, respondes al PRM o a la Fuerza del Pueblo, cuando te conviene que se publiquen las permites, cuando no le conviene al PRM y no le conviene a Leonel", expresó Sánchez.
Asimismo, Danilo Díaz respaldó la posición de Danilo Medina y sostuvo que resulta llamativo que, en momentos en que el partido oficialista “va en declive”, se impulse una medida que impediría a la población conocer la realidad política del país. Agregó además que el Gobierno ha utilizado las encuestas desde 2024 para influir en la percepción ciudadana.
“La regulación era necesaria definitivamente; ahora bien, el momento en que se hace evidencia que el Gobierno no ha estado ajeno", puntualizó.
Sobre el tema, el secretario del PLD Johnny Pujols dejó claro que no se trata de un cuestionamiento a la decisión ni a la competencia del organismo electoral, sino más bien al momento. "No es cuestionamiento ni a la decisión, porque el PLD formo parte, ni a la competencia de la Junta Central Electoral, sino al momento cuando el Gobierno es el que se ve afectado por los resultados de los últimos estudios".
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Por el oficialismo, el diputado Amado Díaz, calificó la postura de Danilo como "desacertada e inapropiada" por considerar que representa un ataque por parte de un expresidente a la institucionalidad del país. "Es inapropiado que un expresidente ataque un órgano institucional como lo hizo el expresidente, (la medida) es acertada, la política hay que llevarla con cierto cuidado, un país no puede estar constantemente en politica", sostuvo.
El reglamento, publicado el pasado 22 de mayo por la Junta Central Electoral, prohíbe la publicación y difusión de encuestas electorales fuera de los períodos legales de precampaña y campaña, además de establecer sanciones para las firmas que incumplan la disposición. La normativa también impide que partidos y dirigentes políticos divulguen encuestas internas realizadas antes del tiempo autorizado.
El documento establece que únicamente las entidades debidamente registradas y habilitadas ante el órgano electoral podrán realizar estudios sobre la popularidad de candidatos o procesos internos de selección. Asimismo, dispone una serie de requisitos técnicos orientados a garantizar la transparencia y el rigor científico de las mediciones, entre ellos la obligación de detallar el margen de error, el método de muestreo y las fuentes de financiamiento de cada estudio.
En el caso de las encuestas a boca de urna durante las elecciones, estas deberán ser notificadas a la JCE con al menos ocho días de antelación y sus resultados solo podrán difundirse dentro de los plazos establecidos tras el cierre de las votaciones. El incumplimiento de estas disposiciones, así como la falta de actualización anual de los expedientes, podría derivar en sanciones económicas o incluso en la cancelación definitiva del registro de la firma encuestadora.
