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Santo Domingo.– El senador de la provincia La Altagracia, Rafael Duluc (Cholitín), defendió este viernes el proyecto de modificación al Código de Trabajo aprobado en primera lectura en el Senado, tras las críticas emitidas por las principales asociaciones empresariales del país.
Duluc reconoció el derecho del sector empresarial a expresar sus observaciones y recordó que el proceso legislativo no ha concluido, por lo que aún hay espacio para introducir mejoras.
“Estamos todavía en el proceso. Esto no se ha terminado. Precisamente por eso la Constitución establece dos lecturas consecutivas, y en esa segunda etapa es cuando se pueden suprimir, corregir o agregar artículos al proyecto”, explicó.
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En ese sentido, el legislador señaló que ya se han identificado aspectos que requieren ajustes, como la exclusión de las empresas de zonas francas del régimen de bonificaciones.
“Eso fue una omisión, tal vez sin mala intención, pero hay que corregirlo. Así como ese punto, hay otros que podemos mejorar”.
No obstante, Duluc consideró que la reacción del empresariado ha sido desproporcionada.
“Han sido un poco injustos, muy extremistas y radicales en sus críticas, cuando en realidad el 90 % de lo aprobado es producto del consenso logrado tras años de diálogo tripartito”, aseguró.
El senador destacó que el proyecto introduce avances importantes, como la inclusión del acoso laboral, una figura que no formaba parte del texto original, pero que fue incorporada por la comisión senatorial. También mencionó la eliminación del juez conciliador, figura que juristas consideraron innecesaria por entender que podría entorpecer los procesos.
“Para no ser radical también en mi criterio, diría que el 99 % de lo que contiene este proyecto son beneficios tanto para los trabajadores como para los empleadores. Incluso para los propios empresarios que hoy critican, hay ventajas superiores al código vigente”, concluyó.
El pronunciamiento de Duluc se produce en respuesta al comunicado del sector empresarial, que calificó la reforma como un retroceso y advirtió que las nuevas disposiciones podrían aumentar los costos laborales, desincentivar el empleo formal y generar incertidumbre jurídica.
