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Santo Domingo.- El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, afirmó que el Congreso está dispuesto a escuchar y analizar las observaciones del sector empresarial respecto al proyecto de modificación del Código de Trabajo, aprobado recientemente en primera lectura.
Las declaraciones del legislador se producen en respuesta al comunicado emitido por las principales asociaciones empresariales del país, en el que manifestaron su rechazo a la reforma por considerarla regresiva y contraria a los principios de equilibrio y sostenibilidad del sistema laboral dominicano.
De los Santos destacó que el proceso legislativo aún no ha concluido y que la reforma está sujeta a ajustes en su segunda lectura.
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“Siempre he dicho que lo que hace el hombre siempre tiene espacio a mejora. Nosotros estamos abiertos a analizar y discutir cualquier inconformidad que haya en cualquier sector”, aseguró.
El senador explicó que uno de los beneficios del sistema bicameral del Congreso Nacional es precisamente permitir un análisis más amplio de las piezas legislativas.
“Estamos abiertos a que nos hagan llegar todas las observaciones que tengan y todo lo que se entienda que se pueda aplicar, nosotros estamos dispuestos a hacerlo”, sostuvo.
El presidente del Senado reiteró que tanto el Código Laboral como el Código Penal seguirán su curso en el proceso legislativo y llamó a los sectores sociales a participar activamente.
“Decimos al empresariado, a todos los sectores de la sociedad, que, si tienen observaciones, tenemos la receptividad para recibirlas, analizarlas y, de ser necesario, mejorar lo que haya que mejorar”, dijo.
Rechazo empresarial
El sector empresarial manifestó que la reforma aprobada desconoce importantes acuerdos alcanzados en el marco del diálogo tripartito y podría tener consecuencias negativas para la economía nacional.
Entre los puntos de preocupación, los empresarios señalaron que la reforma:
Aumenta significativamente los costos laborales, afectando especialmente a las mipymes.
Desincentiva la creación de empleos formales en un contexto donde la informalidad supera el 55 % de la fuerza laboral.
Sobrecarga los procesos judiciales, generando incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión.
Las asociaciones empresariales instaron al Congreso a retomar el diálogo tripartito entre empleadores, trabajadores y el Gobierno, con el fin de construir una legislación moderna, equitativa y adaptada a las necesidades del país.
