Santo Domingo, RD. — El Tribunal Constitucional de la República Dominicana rechazó el recurso de revisión presentado por los partidos Justicia Social (JS), Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) contra la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que favoreció a País Posible en una disputa sobre el financiamiento público y el orden de los partidos en la boleta electoral de 2028.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0746/26, otorga carácter definitivo al fallo TSE/0010/2025, emitido en junio de 2025, por lo que la Junta Central Electoral (JCE) no tendrá que modificar la asignación económica estatal correspondiente a País Posible ni la casilla que ocupa en la boleta para las elecciones ordinarias generales de 2028. La organización que preside Milton Morrison figura actualmente como la séptima fuerza política del país bajo ese criterio.
El proceso se inició el 19 de marzo de 2025, cuando País Posible impugnó ante el TSE las resoluciones 7-2025 y 8-2025 de la JCE, relacionadas con la categorización de las organizaciones políticas para fines de financiamiento público, el orden numérico en la boleta de 2028 y la distribución de los recursos estatales.
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El partido cuestionó que se tomara únicamente el resultado de las elecciones de mayo y el nivel electoral más favorable a cada organización para determinar su fuerza política. A su entender, ese método no reflejaba de manera integral el respaldo obtenido por los partidos y afectaba los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad.
El 10 de junio de 2025, el TSE acogió los argumentos de País Posible y otros dos partidos, anuló las resoluciones de la JCE y determinó que el concepto de “última elección” debía interpretarse como el ciclo electoral completo, tomando en cuenta la suma de los votos válidos obtenidos en los siete niveles de elección.
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La JCE posteriormente aplicó el criterio establecido por el tribunal electoral, con lo que quedó definida la posición que actualmente ocupa País Posible.
La controversia llegó luego al Tribunal Constitucional, donde JS, PUN y OD solicitaron la revisión del fallo del TSE. Los recurrentes alegaban que el tribunal electoral había excedido sus atribuciones al interpretar el artículo 61 de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó ese argumento y consideró que la interpretación realizada por el TSE se circunscribió al caso concreto y respetó los principios constitucionales de igualdad, equidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como el derecho a la participación política.
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La sentencia también reviste importancia jurídica porque aborda los límites del control difuso de constitucionalidad, mecanismo que permite a los tribunales analizar la compatibilidad de una norma con la Constitución al resolver casos concretos. El pronunciamiento establece criterios sobre el alcance de esa facultad y podría convertirse en un referente para futuros procesos judiciales relacionados con la interpretación de normas electorales.
País Posible informó que defendió el fallo del TSE durante las distintas etapas del proceso, tanto ante el propio tribunal electoral como ante el Tribunal Constitucional, donde presentó escritos contra el recurso de revisión y contra la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia.
La representación jurídica de la organización estuvo a cargo de los abogados Bill Joseph Perdomo, secretario de Asuntos Jurídicos; Jhonattan Chevalier Jourdain, secretario de Asuntos Electorales; Naram Jiménez Logroño, director de la Escuela de Formación Electoral, y Samuel Genao Espinal, fiscal del partido.
El equipo legal de País Posible consideró que la decisión trasciende los intereses particulares de la organización, al establecer que la fuerza electoral de un partido debe valorarse a partir del conjunto de votos obtenidos en los distintos niveles de elección.
País Posible fue reconocido oficialmente como organización política en 2019 y es presidido por Milton Morrison. La entidad señala entre sus objetivos la promoción del desarrollo nacional, la innovación y la generación de oportunidades para los ciudadanos.
