Brasilia.- Un hombre se suicidó este miércoles detonando un explosivo en la puerta del Tribunal Supremo de Brasil, tras no conseguir acceder al interior de la alta corte, en un ataque de aparente motivación política.
La explosión frente a la sede del Supremo, que no causó más víctimas, estuvo precedida de otra detonación de unos explosivos colocados en el interior de un automóvil aparcado en la calle, al lado de un edificio anexo a la Cámara de los Diputados.
Las autoridades aún no han confirmado la identidad del autor del ataque, puesto que los policías no han podido hacer el examen forense del cadáver, que yacía mutilado por la explosión y todavía con explosivos en el cuerpo, en la Plaza de los Tres Poderes, donde se produjo el asalto perpetrado por miles de bolsonaristas en enero de 2023.
No obstante, la Policía sí confirmó la identidad del dueño del automóvil, Francisco Wanderley Luiz, conocido como Tiu França, un militante del Partido Liberal (PL), formación del expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha.
Según la vicegobernadora de Brasilia, Celina Leão, informaciones preliminares indican que el sujeto que cometió el ataque suicida fue el mismo que activó la explosión del automóvil, pero dijo que todavía no se puede confirmar que se trate del dueño del vehículo.
La funcionaria dijo que es posible que se trate de un acto aislado, pero aún no se pueden descartar otras hipótesis.
Por ello, el centro de Brasilia fue blindado por la Policía el Ejército, que realizaron búsquedas en la zona por otros posibles artefactos.
El Tribunal Supremo suspendió la sesión que se estaba celebrando en el momento de la sesión y la Cámara de los Diputados, ubicada cerca, continuó sus trabajos un par de horas, hasta que se garantizó la seguridad para la evacuación de los diputados.
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La Policía Federal asumió la investigación del caso y llevará a cabo las pesquisas «con rigor y celeridad», según afirmó el abogado general de Brasil, Jorge Messias, en un mensaje en las redes sociales.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, se manifestó en el mismo sentido y aseguró que las fuerzas de seguridad «están preparadas para asegurar el funcionamiento de los poderes constituidos».
El presidente del Supremo, magistrado Luís Roberto Barroso, habló por teléfono con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre las explosiones, pero hasta ahora no han trascendido los detalles de la conversación.
El dueño del vehículo, correligionario de Bolsonaro
El identificado como dueño del vehículo, Tiu França, fue candidato a concejal en las elecciones de 2020 en el municipio de Rio Sul, en el estado de Santa Catarina, y pocas horas antes del ataque, publicó amenazas en su página de Facebook.
En esos mensajes, ahora borrados por la plataforma, decía que la Policía tiene 72 horas para «desarmar la bomba» que está en la casa de varios «comunistas», entre los que cita tres expresidentes brasileños y un periodista famoso.
En otra imagen, una captura de una conversación de Whatsapp, publicó una serie de emoticones de ataúdes y de bombas, así como llamados a las Fuerzas Armadas para iniciar una «revolución».
La Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, fue el escenario del ataque de miles de extremistas que el 8 de enero de 2023 trataron de incitar un golpe de Estado contra Lula.
Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula, afirmó que los «gravísimos» hechos de este miércoles «repiten el escenario, los objetivos y la violencia del 8 de enero».
«El coche con explosivos en la Cámara de Diputados pertenece a un candidato a concejal del PL de Santa Catarina. Son muchos los elementos que nos alertan para permanecer vigilantes en defensa de la democracia. Sabemos quiénes son sus enemigos y sabremos defenderla una vez más», dijo Hoffmann en las redes sociales.
Por el ataque del 8 de enero de 2023, cerca de 1.600 personas han sido acusadas por la Fiscalía, incluyendo ejecutores, incitadores y financiadores de los ataques.
De ellos, 227 han sido condenados por el Tribunal Supremo como autores de los atentados a penas de entre 3 y 17 años de prisión, por delitos que incluyen intento de golpe de Estado y daños al patrimonio público.
