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El Ministerio de la Presidencia absorberá parte de las funciones del recientemente cerrado Ministerio de Justicia, eliminado de la estructura estatal tras ser considerado un instrumento de “persecución”, informó este lunes el titular de esa cartera, José Luis Lupo.
El ministro explicó que la redistribución incluye la integración de los cinco viceministerios que dependían de Justicia, ahora reordenados para continuar operando bajo nuevas atribuciones.
“Se está absorbiendo los cinco viceministerios (del ex Ministerio de Justicia) en dos viceministerios, que pasan al Ministerio de la Presidencia”, señaló Lupo en una comparecencia ante los medios en la Casa de Gobierno, en La Paz.
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Como parte de este reordenamiento, anunció la creación de los viceministerios de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, además del de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.
El ministro también indicó que el antiguo Viceministerio de Defensa del Consumidor será reorganizado dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, “que es donde corresponde que esté”, precisó.
Asimismo, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y otras instancias que operaban en la anterior estructura de Justicia pasarán de forma "transitoria" al ministerio de la Presidencia.
Lupo sostuvo que el objetivo de estas medidas es garantizar que “nunca más” la Justicia tenga una “valoración”, al remarcar que las acciones se enmarcan en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de “transparencia” y de un Gobierno “abierto”.
Además indicó que la decisión no responde a una política de “masacre blanca”, sino a una intención de “achicar el Estado”, que, a su juicio, fue “sobredimensionado” durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), para que ahora responda a “funciones y prioridades” definidas.
El presidente Rodrigo Paz decidió el jueves cerrar definitivamente el Ministerio de Justicia, pese a que días antes había posesionado a Freddy Vidovic, a sugerencia del vicepresidente Edmand Lara, como su titular. Vidovic ejerció menos de dos semanas.
Posteriormente, se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reportó que Vidovic tenía una sentencia de tres años de prisión que le impedía ocupar el cargo, lo que llevó a Paz a ejecutar su propuesta de campaña de eliminar la cartera.
El mandatario justificó la clausura al considerar que el Ministerio de Justicia se convirtió en un mecanismo de “persecución política” contra opositores y en un espacio para el “abuso de poder político hacia la sociedad” durante los casi 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Ejecutivo.
Tras la decisión, alrededor de un centenar de organizaciones articuladas en ‘Alerta 348’ manifestaron su “profunda preocupación” por los “riesgos” que el cierre implica para la protección de los derechos humanos, especialmente en áreas clave como igualdad de oportunidades, prevención y atención de violencias y acceso a la Justicia.
El cierre también elevó la tensión entre Paz y su vicepresidente, ambos electos por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ante las denuncias de Lara de haber sido excluido de decisiones del Ejecutivo.
