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La Unión Europea podría introducir su propia legislación sobre agentes extranjeros, algo que obligaría a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y consultorías a divulgar cualquier financiación que no provenga de los fondos comunitarios, reportó este lunes Politico, que se remite a tres fuentes al tanto del asunto.
Desde el medio señalan que la iniciativa se asemeja a otras legislaciones similares vigentes en Australia y Estados Unidos. Sin embargo, la versión de Bruselas no iría dirigida contra los individuos, sino que afectaría a las ONG y las entidades no lucrativas, que se verían obligadas a revelar fondos no europeos relativos a transacciones, como el pago por estudios académicos, según una de las fuentes en la Comisión Europea (CE).
"Obviamente, es un asunto delicado. Todavía estamos en las primeras fases de recopilación de información de una amplia gama de partes interesadas para asegurarnos de que estamos adoptando el enfoque correcto", explicó uno de los informantes.
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Las "primeras fases", que se prevé que terminen a finales de mayo, incluyen una encuesta realizada por una tercera parte, a la que Politico asegura haber tenido acceso, en la que se pide a los encuestados que ofrezcan detalles sobre su financiación no europea.
Por su parte, Nick Aiossa, jefe de política y abogacía en Transparency International, señaló que ya participó en un cuestionario oral en el marco de la encuesta. "Las preguntas orientativas sugerían que estaban evaluando si Transparency International era una amenaza para la democracia", subrayó, al tiempo que agregó que la pregunta sobre la financiación "tomó a muchos por sorpresa".
Momento "incómodo"
Las discusiones de la UE en torno a este tema llegan en un momento "incómodo", recalca el medio, debido a las masivas protestas que la semana pasada sacudieron Tbilisi, capital de Georgia, tras la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley de agentes extranjeros.
En medio de los disturbios, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, enfatizó que el proyecto de la ley era "una evolución muy negativa para Georgia y su pueblo", al tiempo que era "incompatible con los valores y las normas de la UE" a la que aspira Georgia.
Tras los intentos de asaltar el edificio legislativo y varios enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, las autoridades georgianas atendieron el 9 de marzo las dos principales demandas planteadas por la oposición: retirar del Parlamento el proyecto de ley y liberar a la mayoría de los manifestantes detenidos.
Sin embargo, esto no fue suficiente para los manifestantes, que, ondeando banderas de Georgia, la UE, EE.UU. y Ucrania, entonaron el himno ucraniano, lanzaron lemas nacionalistas ucranianos y presentaron nuevas demandas, como la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas.
Fuente: Actualidad RT
