martes, mayo 19, 2026
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Abogados del caso Calamar reiteran desistimientos y califican el expediente como un “show”

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Santo Domingo.- Este viernes, abogados del caso Calamar ofrecieron una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde defendieron la inocencia de algunos de los imputados y aseguraron que el expediente carece de bases sólidas.

El licenciado José Antonio Montero explicó que sus representados, la familia Ozuna Mercedes, ya han recibido el 80% de un pago de 85 millones de pesos, quedando pendientes 17 millones retenidos por oposición del Ministerio Público. Señaló que, tras revisar el expediente, desistieron de las querellas contra Ángel Lockward y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, porque a su juicio no cometieron ninguna irregularidad.

“Lockward solo actuó como abogado, cobró sus honorarios conforme a la ley e incluso ha cedido parte de ellos. Por eso ratificamos nuestro desistimiento contra él y contra Donald Guerrero, quien incluso firmó para que se pagara a mis clientes”, dijo Montero.

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En la misma línea, el abogado Juan Patricio Mañón Amador, representante en el caso de la parcela 613 del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), afirmó que desde 2021 había presentado desistimiento en favor de Lockward. Explicó que, tras estudiar el expediente, comprobó que actuó en base a un mandato de sus clientes y obtuvo una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenaba el pago correspondiente.

“Después de escuchar la acusación del Ministerio Público vimos que Donald Guerrero tampoco tiene nada que ver. Por eso desistimos también contra él”, indicó Mañón, quien además pidió el levantamiento de la oposición a pagos hecha por las autoridades.

Durante la rueda de prensa, los abogados insistieron en que el expediente carece de fundamentos y que varios imputados desconocen por qué se les está acusando.

El abogado Braulio Castillo llegó a calificar el caso como “más que un show”, asegurando que no se han presentado pruebas que justifiquen las imputaciones.

Los juristas indicaron que las verdaderas responsabilidades recaen en las gestiones del Estado, al que señalan de haber retenido fondos millonarios que corresponden a sus clientes.

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