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San Francisco de Macorís, RD. — El dirigente político Deligne Ascención Burgos exhortó a respaldar las medidas de ajuste anunciadas por el presidente Luis Abinader, al considerar que están orientadas a mantener la estabilidad macroeconómica sin afectar a los sectores más vulnerables.
Ascención Burgos explicó que los recortes propuestos, que ascienden a unos RD$40 mil millones, buscan mitigar los efectos inflacionarios y recesivos derivados del contexto internacional, incluyendo el impacto de la guerra en Irán. Indicó que estas medidas se suman a los RD$12,356.3 millones que el Gobierno ha destinado en subsidios a los combustibles en lo que va de año.
El también alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno ofreció sus declaraciones durante una visita a San Francisco de Macorís, donde supervisó el avance de obras gubernamentales y sostuvo encuentros con autoridades y dirigentes locales.
En ese contexto, se reunió con la gobernadora provincial Xionmara Cortés, el alcalde Alex Díaz y el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba, entre otros funcionarios.
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Ascención Burgos sostuvo que, ante presiones económicas internacionales, un gobierno responsable prioriza la revisión de sus propios gastos antes de trasladar cargas a la ciudadanía. “Reducir lo accesorio para preservar lo fundamental es una muestra de madurez institucional y de compromiso con el interés nacional”, afirmó.
En ese sentido, destacó que la política de austeridad no implica paralizar el Estado, sino optimizar el uso de los recursos para garantizar servicios esenciales, inversión social y la continuidad de las obras públicas.
Asimismo, planteó que todos los sectores deben contribuir en este contexto, incluyendo los partidos políticos. Consideró viable la propuesta de reducir en un 50% los fondos que reciben las organizaciones políticas, argumentando que estas deben asumir su cuota de responsabilidad como representantes de la sociedad.
Finalmente, reiteró que las medidas adoptadas por el Gobierno deben entenderse como una decisión de Estado orientada a proteger la estabilidad económica, preservar los programas sociales y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.
