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Santo Domingo.– La discoteca Jet Set, donde el pasado 8 de abril colapsó el techo durante una fiesta multitudinaria, funcionaba con permisos vencidos y sin contar con la autorización vigente del Cuerpo de Bomberos ni del Ministerio de Obras Públicas, según revela el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción contra los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat de Veras, las autoridades afirman que el local no cumplía con las certificaciones mínimas de seguridad para operar como centro de entretenimiento masivo.
“El establecimiento tenía su permiso de uso de suelo vencido desde 2022 y no contaba con las certificaciones actualizadas sobre evacuación, sistemas contra incendios ni resistencia estructural”, establece el documento judicial.
La tragedia en la discoteca Jet Set ocurrió durante una fiesta en la que se presentaba el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien se encontraba cantando al momento del colapso y figura entre los más de 235 fallecidos registrados en el hecho. Además, más de 170 personas resultaron heridas.
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La fiscalía sostiene que, a pesar de haber sido notificados en varias ocasiones por inspectores municipales y técnicos de seguridad, los acusados “decidieron mantener la operación del negocio, asumiendo el riesgo que finalmente se materializó con consecuencias catastróficas”.
Esta negligencia, en la discoteca Jet Set, forma parte del conjunto de elementos que motivan la solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat por 18 meses, así como medidas cautelares para Maribel Espaillat, incluyendo arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica.
El expediente también denuncia la omisión de protocolos básicos de seguridad, lo que, junto a otras irregularidades, convirtió el caso de la discoteca Jet Set en una de las mayores tragedias civiles en la historia reciente de República Dominicana.
