Santo Domingo.- El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, compró un apartamento en Samaná valorado en medio millón de dólares a través de la pastora Rossy Guzman, según establece la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, señaló que para el mismo se estableció el pago en efectivo y sin financiamiento.
Se recuerda que el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, implicado en el caso Coral, dijo durante un interrogatorio que el general Torres Robiou compró el inmueble a través de una empresa de la pastora Rossy Guzmán.
Según el “para no levantar sospechas”.
Puedes leer: Aplazan conocimiento medidas de coerción a implicados en Operación Coral 5G
“Todo eso fue hecho para distraer el bien y borrar el rastro del propietario real”, dijo Girón.
Indicó que Torres Robiou no tendría forma alguna de justificar la compra en efectivo, y sin financiamiento del inmueble.
La acusación presentada por la Pepca señaló que “los testigos David Abreu Padilla, Migel Cancu, Jacobo Horacio e Israel Blanc Hernández, reconocen el inmueble de Balcones del Atlántico como propiedad del imputado Torres Robiou.
El documento establece que Robiou llegó a pagar mantenimientos del apartamento con dinero que salía del Cestur.
Añade que los fiscales encontraron 75 conversaciones a través de WhatsApp en el celular del vendedor del apartamento con el general Torres Robiou; el coronel Rafael Núñez de Aza y la pastora Rossy Guzmán, las cuales “evidencian que realmente el apartamento es del general Juan Carlos Torres Robiou”.
En la acusación explicó que utilizó la empresa Único Real State e Inversiones SRL, propiedad de la pastora Rossy Guzmán para adquirir un apartamento; “suntuoso” en el condominio Balcones del Atlántico, ubicado en Las Terrenas, provincia Samaná.
Torres Robiu y las licitaciones
Según el órgano judicial, los contratos ficticios que tenían los militares de Coral 5G para suplir combustibles al CESTUR y CUSEP asciende a RD$29 millones.
Ademas indicó que los militares recibían el pago de contratos de combustible que no se entregaron; así defalcando el erario a través de Estación de Combustible La Marinita.
Siendo su gerente y administrador de la estación el imputado César Félix Ramos Ovalle, y beneficiada de una licitación; para suplir ticket de combustibles, que no entrego, sabiendo que se trataba de un desfalco al Estado.
Las licitaciones fueron realizadas de forma viciada, por no cumplir con el procedimiento establecido por la norma; porque los ganadores eran elegidos por el director financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza (codinomes NDA), y autorizado por oficial el imputado el general Juan Carlos Torre Robiu (codinomes D1).
Los contratos que obtuvo la estación de combustibles oscilaban entre seis millones a 10 millones de pesos, ese dinero que recibían los implicados de la red Coral 5G lo utilizaban para la adquisición de bienes e inmuebles de lujos y costoso.
