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Santo Domingo.– La defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, solicitó este jueves al tribunal que declare inadmisible la acusación presentada en su contra, alegando que fue sometida fuera del plazo legal y que el Ministerio Público incurrió en falseamiento de documentos y fraude procesal.
La abogada Laura Acosta, quien encabeza el equipo legal del exfuncionario, sostuvo ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el órgano acusador no cumplió con el tiempo establecido para depositar el expediente, pese a haber sido intimado de manera expresa por el tribunal de control de la investigación del denominado caso Operación Calamar.
Según explicó la jurista, el plazo límite fijado por el Segundo Juzgado de la Instrucción vencía el 30 de abril de 2024, sin embargo, la acusación no habría sido presentada conforme a esa orden judicial. A su juicio, esto evidencia un “relato de fraude procesal”, al tiempo que acusó a los fiscales de investigar personas y no hechos.
Defensa denuncia irregularidades en el manejo del expediente
Durante la audiencia preliminar, Acosta solicitó a la jueza Altagracia Ramírez la nulidad absoluta del proceso, al considerar que existen contradicciones graves en la cadena de custodia del expediente acusatorio.
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Explicó que la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber recibido la acusación el 25 de abril y haberla remitido al Cuarto Juzgado el 30 del mismo mes. No obstante, el Cuarto Juzgado certificó posteriormente que no recibió ni la acusación ni las pruebas en esa fecha, ni durante esa semana, y que el expediente fue entregado directamente por el Ministerio Público el 14 de mayo de 2025.
Asimismo, indicó que el auto de apoderamiento, documento que debía acompañar la acusación, fue recibido el 6 de mayo, y no el 30 de abril como correspondía. Para la defensa, esta discrepancia genera un vacío de aproximadamente dos semanas, durante las cuales “nadie sabe dónde estuvo el expediente”, lo que compromete la legalidad del proceso.
Señalamientos de motivaciones política
La abogada Acosta afirmó que el objetivo del Ministerio Público era afectar políticamente al PLD, asegurando que el interés era impedir que la organización tuviera oportunidades en el futuro.
“El propósito era que el Partido de la Liberación Dominicana no tuviera oportunidad. Y lo lograron”, expresó la defensora, quien además señaló que el fin último de la acusación era mantener involucrados en el proceso a figuras clave como José Ramón Peralta y al propio Gonzalo Castillo, quien obtuvo el segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales.
Acosta aseguró que, para cumplir con ese objetivo, los fiscales incurrieron en falseamiento de hechos y documentos, lo cual —según afirmó— será demostrado a lo largo del proceso judicial.
Imputaciones del Ministerio Público
El Ministerio Público acusa a Gonzalo Castillo de haber recibido RD$3,957 millones provenientes de fondos públicos obtenidos de manera fraudulenta, presuntamente entregados por Mimilo Jiménez en efectivo, dentro de bolsas y maletas de viaje.
De acuerdo con el expediente, dichos recursos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas y fines personales, como parte de una supuesta estructura de corrupción administrativa. Jiménez, también imputado en el caso, alcanzó un criterio de oportunidad tras llegar a un acuerdo con el órgano persecutor.
El tribunal continúa conociendo la audiencia preliminar, mientras se espera que la jueza decida sobre la solicitud de nulidad e inadmisibilidad planteada por la defensa del exfuncionario.
